octubre 15, 2024

Ayotzinapa, pródigo negocio financiero y político para ONG de derechos humanos

Por Primitivo Rodríguez Oceguera/Ciudad de México.-En una carta dirigida a legisladores estadounidenses el 29 de mayo de 2008 ONG de derechos humanos condicionaron su apoyo a la Iniciativa Mérida (IM) pidiendo que el Congreso estadounidense les entregara dinero de la misma a fin de monitorear su implementación en México e informar de ello al Congreso y al Departamento de Estado.

Ambas instituciones norteamericanas aceptaron ésta y otras condiciones de las ONG con tal de lograr su aval a la IM así como su colaboración para ponerla en práctica.

Esa información la dio a conocer el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Pro) el 29 de mayo, 2008, en boletín de prensa.

Las ONG firmantes de la carta a favor de la aprobación de la IM fueron: Centro Pro, Amnistía Internacional, Centro de la Montaña Tlachinollan, Fundar, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Centro Fray Francisco de Vitoria y Cencos.

Las ONG recibieron dinero de la IM a través de la dependencia especializada en espionaje y desestabilización de gobiernos no gratos a Washington: la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) la cual coordina sus actividades con la CIA. Al respecto se puede solicitar al buscador Google las referencias a “CIA-USAID”.

Las ONG antes mencionadas son las entidades más opacas que existen en México. Por ejemplo, nunca han dado a conocer cuánto dinero recibieron de Washington, ni tampoco los informes que enviaron al Capitolio y al Departamento de Estado sobre el impacto en México de la IM. Por otra parte, han encubierto a Estados Unidos en dos casos emblemáticos de la guerra desatada por la IM: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la versión moderna de la guerra sucia, de 2008 a la actualidad.

Otro destacado encubridor de Estados Unidos es el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI) que en ninguno de los seis informes que presentó sobre el caso Ayotzinapa mencionó a la IM ni responsabilizó a Washington por la violencia sin precedente que ésta desató en México.

Quien seleccionó a los miembros del GIEI fue Emilio Álvarez-Icaza, en su calidad de Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Previamente, el 14 de julio de 2009, cuando fungía como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Álvarez Icaza dio públicamente su apoyo a la IM.

La ONG transnacional Human Rights Watch (HRW), patrocinada por el especulador y rabioso enemigo de gobiernos y partidos de izquierda, George Soros, y de la que formaron parte de su consejo directivo Jorge Castañeda y Denise Dresser, tuvo a su cargo lograr que las ONG mexicanas firmaran la carta y realizar con ésta el cabildeo a favor de la IM en el Congreso norteamericano y el Departamento de Estado.

La IM fue aprobada en el Capitolio el 17 de junio, 2008. En octubre del año anterior la habían acordado los presidentes George W. Bush y Felipe Calderón. De esta manera, el gobierno estadounidense hizo formalmente suya la guerra contra las drogas, extendiéndola a la guerra contra la migración indocumentada y el terrorismo.

“En la Oficina Binacional de Inteligencia en el Distrito Federal cohabitan funcionarios y agentes del Pentágono, la CIA, el FBI, la ATF, así como los Departamentos de Justicia, de Seguridad Interior y del Tesoro. El Pentágono opera mediante la Agencia de Inteligencia Militar, la Oficina Nacional de Reconocimiento, y la Agencia Nacional de Seguridad. También está el Departamento de Seguridad Interior y el Departamento del Tesoro tiene agentes de la Oficina de Inteligencia sobre Terrorismo y Asuntos Financieros. Una vasta burocracia que no logra lidiar con el problema del narcotráfico y la violencia, porque no entiende su complejidad.” Denise Dresser , Reforma, 30 de junio, 2014.

Nunca se sabrá qué ocurrió antes, durante y después de la trágica noche del 26 de septiembre en Iguala mientras las ONG que acompañan a las madres y padres de los normalistas (Centro Pro, Montaña Tlachinollan, Fundar y Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos) continúen encubriendo el papel central jugado por Estados Unidos.

De hecho, el 14 de septiembre, diez días antes de la noche de Iguala, el presidente Barack Obama envió al Congreso su informe anual sobre drogas que entran a Estados Unidos señalando que la más letal era la heroína que procedía principalmente de México, y en específico, de la región de Iguala.

Un año antes, la DEA había declarado que la heroína producida en Guerrero y enviada a Estados Unidos representaba el mayor reto a la seguridad de la población estadounidense, por lo cual tomaría las medidas requeridas para enfrentar tan grave amenaza, entre ellas, infiltrar agencias civiles y policíacas e interceptar comunicaciones de quienes las comandaban.

Por otra parte, las ONG promotoras de la IM y Earl Anthony Wayne, embajador de Estados Unidos en México de 2011 a 2015, llevaron a cabo varios encuentros para analizar la IM y mejorar su implementación.

Así mismo, según informó el corresponsal en Washington del diario angelino La Opinión, Abel Barrera, director de la ONG Montaña Tlachinollan, se entrevistó en la Casa Blanca con personal del Consejo de Seguridad Nacional en el cual se decidieron, por ejemplo, el golpe de Estado al presidente de Chile, Salvador Allende, y la invasión armada a Irak.

¿De qué hablaron Barrera y miembros de dicho Consejo? ¿Continúa Barrera la relación con ellos?
La Montaña Tlachinollan es la principal ONG que acompaña a las madres y padres de los 43 normalistas y actúa como vocera a través de Vidulfo Rosales.

Hechos que necesitan investigarse y documentos que es necesario conseguir a fin de que haya verdad y justicia para Ayotzinapa y para las madres y padres de los 43 normalistas.

    • · Qué sabe Estados Unidos sobre lo ocurrido antes, durante y después de la trágica noche de Iguala el 26 de septiembre de 2014.
      · La copiosa e importante información que aún conserva en su poder la Secretaría de la Defensa.
      · La correspondencia postal y electrónica de Emilio Álvarez Icaza, como Secretario Ejecutivo de la CIDH, con cada uno de quienes terminaron siendo miembros del GIEI y con el GIEI en su conjunto.
      · Cuántos dólares del gobierno y fundaciones estadounidenses han recibido de 2014 a la fecha las ONG que acompañan a las madres y padres de los normalistas.
      Informes que dichas ONG han enviado a Washington desde 2008.
      Quién o quiénes eligieron a las ONG Montaña Tlachinollan y Centro Pro para acompañar a la madres y padres de los normalistas y para investigar la guerra sucia de 1965 a 1990, a pesar de su grave conflicto de interés como promotoras de la IM y receptoras de dólares asignados a la misma.
      Porqué tres directores del Centro PRO fueron posteriormente o son rectores de universidades Iberoamericanas (Iberos):
      1.Padre David Fernández, rector del ITESO en Guadalajara y de la Ibero CDMX; ahora es el coordinador de la red nacional de Iberos.
      2.Padre Luis Arriaga, rector del ITESO y actualmente rector de la Ibero CDMX.
      3.Mario Patrón, rector de la Ibero Puebla.

¿Premio por encubrimiento y servicios a Estados Unidos?

Invito a los dirigentes de las ONG mencionadas en este correo a un debate público sobre lo aquí dicho y cuanto gusten añadir sobre mi persona.

Autor: Primitivo Rodríguez Oceguera
Candidato a Doctor en Historia por la Universidad de Chicago.

P.D.

1. El 20 de junio de 2008, días después de ser aprobada la IM, difundí un correo sobre el gran negocio financiero y político que aguardaba a las ONG de derechos humanos que la habían promovido.

2. Va en archivo adjunto información básica y pública que sustenta lo que afirmo en el presente correo.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Preocupación frente al proyecto de ley para la Asignación Suplementaria de
Emergencia (Iniciativa Mérida).
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Amnistía Internacional, preocupados por las graves violaciones a derechos humanos por parte del Ejército mexicano y diversos cuerpos policiales dentro de la estrategia del gobierno federal para combatir el tráfico de drogas, externamos nuestra preocupación a miembros de la Cámara de Representantes para solicitar la incorporación de mecanismos adecuados para la protección de los derechos humanos. Incluimos la carta a la cual se adhieren diversas organizaciones e individuos.
Saludos cordiales, Tania Tamara Gómez
Enlace de comunicación
55466559

29 de Mayo de 2008

Honorable David R. Obey, Presidente
Comité de Gastos
Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América
2314 RHOB
Washington, DC 20515

Honorable Nita M. Lowey, Presidenta
Subcomité de Operaciones Ajenas,
Comité de Gastos
Cámara de Representantes de los Estados Unidos de America
2329 RHOB
Washington, DC 20515

Estimados Representante Obey y Representante Lowey:

Como miembros de la sociedad civil dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos en México, deseamos manifestar nuestra profunda preocupación por las violaciones a los derechos humanos que se han presentado durante los últimos meses por parte del Ejército mexicano y de los cuerpos policiales de nuestro país en el marco de la estrategia del gobierno federal para hacer frente al narcotráfico y la delincuencia organizada.

Les escribimos en relación a la reciente aprobación en la Cámara de Representantes y el Senado de las respectivas versiones del proyecto de ley para la Asignación Suplementaria de Emergencia (Emergency Supplemental Appropriations bill).

Vemos con interés su preocupación por la protección de los derechos humanos en México. Estamos de acuerdo con el apoyo de los Estados Unidos a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en nuestro país. Sin embargo, queremos llamar su atención en relación con ciertos aspectos fundamentales que se han considerado en la versión aprobada por el Senado y que han sido omitidos de la versión de la Cámara de Representantes:

Las precauciones relacionadas con los derechos humanos que el Senado solicita al gobierno mexicano y que creemos que tienen que estar añadidos a la versión final son las siguientes:

* Que el gobierno mexicano establezca un mecanismo independiente con representación de la sociedad civil para monitorear los programas de combatir al tráfico de drogas, la violencia y el crimen organizado,
actividades relacionadas con la reforma judicial, la anti-corrupción y el cumplimiento de la ley.
* Que el gobierno mexicano asegure que el sistema de justicia militar mexicano transfiera los casos relacionados con la violación de los derechos humanos por parte del personal militar al sistema de procuración e
impartición de justicia civil.
* Que el gobierno mexicano se asegure de cumplir con la prohibición sobre el uso de testimonios obtenidos a través de la tortura o mal-trato como se define tanto en la ley mexicana como en el derecho internacional.

Como es de su conocimiento, las organizaciones de derechos humanos en México, la sociedad civil en general y el Congreso mexicano no han participado en la toma de decisiones en el proceso de creación de este
proyecto que implica la posible transferencia de US$1.4 billones de dólares de los cuales unos US$950 millones han sido propuestos por el Presidente
Bush para que sean destinados a México.

Comprendemos la gravedad que significa la violencia que en los últimos meses se ha desatado con motivo de la lucha que el gobierno federal ha emprendido contra el narcotráfico y la delincuencia organizada; sin
embargo, amplios sectores de la sociedad civil han cuestionado las políticas actuales en la materia debido al preocupante número de violaciones a los derechos humanos que se han presentado.

Las ONG’s abajo firmantes hemos documentado y reconocemos las varias violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano y el personal policial en nuestro país.

Los cuerpos policiales, los militares y el sistema judicial tienen una larga historia de abusos contra los derechos humanos incluyendo la detención arbitraria, la tortura, la creación de evidencias falsas y
violación a los estándares internacionales del debido proceso. Las autoridades mexicanas han fracasado repetidamente en llevar ante la justicia a los responsables de estos actos. La falta de imparcialidad e
independencia de los tribunales de justicia militar ha asegurado una casi total impunidad para los oficiales militares acusados de violaciones a los derechos humanos.

Por otro lado, las y los defensores de derechos humanos, activistas políticos y gente que participa en manifestaciones sociales han sido víctimas de un uso excesivo de fuerza a manos de agentes de seguridad
pública intentando silenciar a quienes ejercen su legítimo de derecho de manifestación.

Consideramos oportuno la colaboración estadounidense en temas de seguridad, entre los cuales destacamos la conveniencia de establecer mayores controles para regular la venta de armas. Creemos por otra parte que es esencial incluir en el paquete de ayuda la creación de un mecanismo mexicano de monitoreo que permita observar el cumplimiento de metas específicas
relacionadas con la seguridad pública y los derechos humanos. Este sistema de monitoreo debe incluir una presencia sustancial de la sociedad civil mexicana así como los mecanismos pertinentes que garanticen su independencia.

El Congreso de los Estados Unidos tiene ahora la responsabilidad de clarificar las expectativas de este proyecto de cooperación. El fortalecimiento de mecanismos eficientes que garanticen un respeto pleno a
los derechos humanos debe ser el centro de toda propuesta si realmente quiere ser un acto de colaboración entre países con preocupaciones comunes.

Debido a lo anterior, las organizaciones abajo firmantes les solicitamos atentamente que durante las próximas discusiones sobre la “Iniciativa Mérida” la Cámara de Representantes considere las garantías antes señaladas.

Atentamente

Alberto Herrera Aragón
Executive Director
Amnesty International, Mexican Section
Insurgentes Sur 327-C
Col. Hipódromo Condesa, México DF
aherrera@amnistia.org.mx
+52 (55) 5574 7139

Luis Arriaga Valenzuela
Director
Miguel Agustín Pro Juárez Human Rights Center (Center Prodh)
Serapio Rendón No. 57-b
Col. San Rafael, México DF
dirrecion@centroprodh.org.mx
+52 (55) 5546 8217

Firmantes Adicionales:

Organizaciones de Sociedad Civil y de Derechos Humanos:

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” A.C
Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (CENCOS)
DECA Equipo Pueblo A.C.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.
(CMDPDH)
Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA)
Centro Regional de Derechos Humanos “BARTOLOME CARRASCO BRISEÑO” A.C.
Amigos del Comité 25 de Noviembre A.C.
Observatorio de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana, Puebla
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD)
Comité de Derechos Humanos Ajusco
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”
Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Julián de Larios”
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos
Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”
Programa Universitario de Derechos Humanos UIA León
Programa Universitario de Derechos Humanos UIA Puebla
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec A.C.
Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos
Comisión Intercongregacional de Justicia, Paz y Vida
Taller Universitario de Derechos Humanos
Católicas por el Derecho a Decidir
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.

Redes de Organizaciones de Derechos Humanos firmantes:

Red Oaxaqueña de Derechos Humanos A.C.
Espacio DESC

Académicos a Título Personal e Individuos Firmantes:

Lydia Cacho, Periodista, Autora y Defensora de Derechos Humanos
General Dr. José Francisco Gallardo Rodríguez, General del Ejercito
Mexicano Dra. Margarita Dalton Palomo, investigadora del CIESAS, Oaxaca.
Dr. Anselmo Arellanes Meixueiro, Profesor Investigador del Tecnológico de
Oaxaca.
Ana Paula Hernández, Defensora de Derechos Humanos

c:

El Honorable Jerry Lewis
El Honorable Steny Hoyer
El Honorable Howard Berman
La Honorable Ileana Ros-Lehtinen
El Honorable Eliot Engel
El Honorable Dan Burton
El Honorable Frank Wolf
El Honorable Harry Reid
El Honorable Patrick Leahy
El Honorable Judd Gre

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