Redacción InsurgentePress/Agencias/Ciudad de México.- Diputados del Congreso local aprobaron la legalización de la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación en Puebla, siendo la entidad 14 de 32 que ha dejado de criminalizar a las mujeres en casos de aborto en el país.
Los legisladores emitieron 29 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones para eliminar las normas punitivas contra mujeres en casos de aborto en Puebla.
El pasado 12 de julio, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXI Legislatura aprobó el dictamen que modificó el Código Penal del Estado, para establecer que sancionaría a las mujeres por la interrupción del embarazo después de las 12 semanas de gestación.
#BoletínInformativo La Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la #LXILegislatura aprobó el dictamen, mediante el cual se reforma el #CódigoPenal del Estado, para establecer que el #aborto es la interrupción del embarazo después de las 12 semanas de gestación. pic.twitter.com/LEliMh16GZ
— H. Congreso de Puebla (@CongresoPue) July 12, 2024
Este lunes, en sesión ordinaria los legisladores del Congreso local aprobaron las modificaciones a los artículos 339, 340, 341, 342 y 343 del código penal de Puebla que criminalizaba a las mujeres en casos de aborto.
El dictamen aprobado prevé que: “comete el delito de aborto quien interrumpe el embarazo después de la décima segunda semana de gestación”.
Las modificaciones establecieron que la interrupción de la gestación hasta de 12 semanas o 3 meses dejará de ser sancionado por el código penal en los 217 municipios de Puebla.
La nueva ley protegerá a las mujeres gestantes en sus derechos sexuales y reproductivos, dándoles la libertad de poder decidir sobre su cuerpo sin tener que enfrentar un proceso legal en prisión.
La iniciativa aprobado estableció que en caso de interrupción del embarazo después de la duodécima semana aplicarán sanciones que van de seis meses a un año de cárcel.
Simultáneamente, prevé castigo para personas que ayuden a provocar el aborto con el consentimiento de la madre de 1 a 3 años de prisión, sanciones que elevarán a 8 y 10 años de cárcel, en casos de manera forzada.
Diferentes grupos de defensores de derechos humanos y feministas han impulsado desde hace varios años la despenalización del aborto que garantizaría plenamente el acceso a la salud y derechos reproductivos de las mujeres en Puebla.
Activistas festejaron afuera del Congreso local la aprobación de nueva ley que evitara que las mujeres corran riesgos de perder la vida en la interrupción del embarazo con prácticas insalubres o clínicas clandestinas en la entidad.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) consideró que la legalización del aborto ha colocado a Puebla a la vanguardia en derechos de salud y reproducción sexual entre las 14 entidades que eliminaron la criminalización de mujeres en el país.
“La despenalización durante las primeras 12 semanas de gestación podrá garantizar la igualdad y el derecho a la salud de todas las personas, y atender la creciente demanda por el servicio.
“Datos del Programa ILE de la Ciudad de México señalan que de 2007 a 2024 se han atendido a 1,692 personas gestantes procedentes de Puebla. La despenalización en esta entidad permitirá que las personas no tengan que desplazarse para acceder a un aborto legal y seguro”, indicó la ONG’s en un comunicado.
Desde Tehuacán hasta Zacatlán de las Manzanas… ¡Todo Puebla se pintó de verde!
El Congreso del estado aprobó la reforma al Código Penal sobre #aborto. Mujeres, hombres trans y personas no binaries con capacidad de gestar podrán ejercer su autonomía reproductiva. pic.twitter.com/ArelJnp1XL
— GIRE (@GIRE_mx) July 15, 2024
En contraparte, integrantes del grupo Provida cuestionaron la legalización del aborto en Puebla.
Los congresos locales han aprobado la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación en la Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Coahuila, Veracruz, Colima, Hidalgo, Guerrero, Baja California Sur, Sinaloa, Quintana Roo y Aguascalientes.
Desde marzo de 2022, el congreso de Sinaloa aprobó el aborto voluntario hasta las 13 semanas de gestación
Paralelamente, los legisladores de Guerrero modificaron el Código Penal local para permitir el aborto voluntario en cualquier momento del embarazo sin que sea considerado un delito. Sin embargo, sancionaría penalmente a quien auxilie en abortos de más de doce semanas de gestación.
El 7 de septiembre de 2021, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaron por unanimidad un dictamen que consideró ilegal la criminalización del aborto en el país.
Ese día, los ministros declaran inconstitucional el artículo 196 del código penal de Coahuila que estableció una pena de prisión contra una mujer que voluntariamente practicara su aborto o quien la hiciera abortar con el consentimiento de aquella, pues vulnera el derecho de la mujer y de las personas gestantes a decidir.
La SCJN entendió que el producto de la gestación merece una protección que incrementa en el tiempo, a medida que avanza el embarazo. Sin embargo, precisó que esa protección no puede desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva.
Por lo tanto, estableció el Pleno, criminalizar de manera absoluta la interrupción del
embarazo es inconstitucional.
Por otra parte, la SCJN extendió su decisión al artículo 198, en una porción que impedía que la
mujer fuera asistida por personal sanitario en un aborto voluntario.
Asimismo, agregó la invalidez a porciones del artículo 199 que criminalizaban el aborto y limitaban a 12 semanas la posibilidad de abortar en caso de violación, inseminación o implantación artificial.
“Al haberse alcanzado una mayoría que supera los ocho votos, las razones de la Corte obligan a
todas y todos los jueces de México; tanto federales como locales.
“A partir de ahora, al resolver casos futuros, deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta, como lo son los tipos penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación, o las normas que solo prevean la posibilidad de abortar como excusas absolutorias, pues en esos supuestos la conducta se cataloga como un delito, aunque no se imponga una sanción”, indicó la SCJN en septiembre de 2021.