Agencias/Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) apelará la decisión Un juez federal de Boston desestimó la demanda de 10,000 millones de dólares presentada por México para responsabilizar a fabricantes estadounidenses de facilitar el tráfico de una avalancha de armas a cárteles de la droga a través de la frontera entre ambos países.
En un comunicado la SRE señaló que el Gobierno mexicano seguirá insistiendo en que el comercio de armas debe ser responsable, transparente y con rendición de cuentas.
“Y que la forma negligente como se venden en los Estados Unidos facilita que los criminales accedan a ellas”, indicó la cancillería en un comunicado.
La decisión del juez jefe F. Dennis Saylor en el tribunal federal de Boston es una victoria para Smith & Wesson Brands Inc, Sturm, Ruger & Co y otros acusados de socavar las estrictas leyes de armas de México al diseñar, comercializar y vender armas de asalto de estilo militar que los cárteles podrían utilizar.
La cancillería mexicana respondió que el Gobierno apelará la resolución del juez y que se trata de una decisión “en primera instancia”.
“El Gobierno de México (…) seguirá insistiendo en que el comercio de armas debe ser responsable, transparente y con rendición de cuentas, y que la forma negligente como se venden en los Estados Unidos facilita que los criminales accedan a ellas”, dijo en un comunicado.
Saylor dijo que la ley federal prohíbe “inequívocamente” las demandas que buscan responsabilizar a los fabricantes de armas cuando la gente usa las armas para el propósito con el que se crearon. También dijo que, aunque la ley contenía varias excepciones puntuales, ninguna se aplicaba.
“Aunque el tribunal siente una gran simpatía por el pueblo de México, y ninguna por quienes trafican con armas para las organizaciones criminales mexicanas, tiene el deber de cumplir la ley”, escribió Saylor en una decisión de 44 páginas.
Un abogado de Smith & Wesson declinó hacer observaciones al respecto. Los abogados de Sturm, Ruger no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.
U.S. judge dismisses Mexico's lawsuit against gun makershttps://t.co/Dte7GEFTyo
— Stephen Woodman (@Stephentwoodman) September 30, 2022
Sin embargo, Lawrence Keane, consejero general del grupo comercial de armas National Shooting Sports Foundation, celebró la desestimación de la “demanda infundada”.
“El crimen que está devastando al pueblo de México no es culpa de los miembros de la industria de las armas de fuego”, dijo Keane.
En su demanda de agosto del 2021, México estimó que el 2.2% de los casi 40 millones de armas fabricadas anualmente en Estados Unidos se introducen como contrabando en México, incluyendo hasta 597,000 armas producidas por los acusados.
México dijo que el contrabando ha sido un factor crucial para empujar al país al tercer puesto mundial en el número de muertes relacionadas con armas. También afirmó sufrir muchos otros perjuicios, como la disminución de la inversión y la actividad económica y también la necesidad realizar un mayor gasto en la aplicación de la ley y seguridad pública.
Sin embargo, el juez dijo que México no podía superar una estipulación que se encuentra en una ley estadounidense, la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que protege a los fabricantes de armas de demandas por “los daños causados únicamente por el mal uso, delictivo o ilegal, de armas de fuego (…) realizado por parte de otros cuando el producto funcionaba como estaba diseñado y previsto”.
La lista de demandados incluye también a Barrett Firearms Manufacturing Inc, Beretta USA Corp, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc.
contra de sus agremiados, misma que, según ellos, carece de sustento.
“Estas acusaciones carecen de fundamento. El Gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras”, dijo Lawrence G. Keane, abogado general de la NSSF,
— Señor K (@Monsieur_Alec) September 30, 2022
La ley a la que hace mención el magistrado es conocida como Protection of Lawful Commerce in Arms Act (PLCAA) y fue aprobada en 2005. Tal y como argumentaban los fabricantes, el juez consideró que impide que ellos rindan cuentas por el uso que se pueda dar a las armas que fabrican o distribuyen.
México apelará la decisión “y seguirá insistiendo en que el comercio de armas debe ser responsable, transparente y con rendición de cuentas, y que la forma negligente como se venden en los Estados Unidos facilita que los criminales accedan a ellas”, indicó la Cancillería en un comunicado.
El gobierno mexicano sostiene que los fabricantes saben que sus prácticas contribuyen al tráfico de armas a México y lo facilitan. Las empresas demandadas son Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta, Century International, Colt’s Manufacturing, Glock Inc., Sturm, Ruger & Co y Witmer Public Safety Group.
La demanda señala que México quiere acabar con los daños que causan los acusados al facilitar el tráfico ilegal de sus armas a los cárteles de la droga y otros criminales en México. Además, refiere que la amplia mayoría de las armas recogidas en escenas de crímenes en México provienen de Estados Unidos.
En 2019, según estimaciones de la cancillería, al menos 17,000 homicidios estuvieron vinculados con esas armas.
Los fabricantes y distribuidores demandados han asegurado que existen muchos actores en el negocio de la venta de armas, que es legítima, y que en ese proceso se diluye su responsabilidad. También aseguran que a través de una ley de protección del comercio de armas, el Congreso ha eliminado vías para que los estados les pidan rendición de cuentas.
Los procuradores de 17 estados de Estados Unidos y más de una veintena de fiscales de distrito habían mostrado su apoyo a la iniciativa mexicana con el argumento que la PLCAA no era un obstáculo a la demanda de México pero el juez consideró lo contrario.
📄Juez federal decide sobre demanda presentada por el Gobierno de México contra la negligencia de empresas de armas.https://t.co/HI9qu698Bw pic.twitter.com/ruY9CjbSn3
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 1, 2022
