Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- El gobierno mexicano prepara una estrategia de defensa de connacionales contra las repercusiones que traerá consigo la ley ‘racista-antimigrantes’ que aprobó el gobierno de Florida y que entrará en vigor el próximo 1 de julio, dijo Marcelo Ebrard secretario de Relaciones Exteriores (SRE).
Ebrard explicó que el gobierno de México en sí estaría impedido legalmente para impugnar esa normatividad en Florida, de acuerdo a las normas de Estados Unidos.
Por ello, dijo, promoverían la defensa a través de alguno de los 38 millones de ciudadanos de origen mexicano con ciudadanía estadunidense ante los tribunales de Florida.
El gobierno mexicano, añadió, respaldará a través del recurso amicus curiae (presentado por terceros) para llevar a cabo la impugnación de esa ley ante los tribunales de Florida.
“El gobierno de México no podría impugnar la ley dentro de la esfera de Estados Unidos, pero sí ciudadanos americanos (estadunidenses) y tenemos 38 millones de ciudadanos norteamericanos que son de origen mexicano, no va a faltar quién dentro de los 38 millones presente esa denuncia, esa demanda.
“Y en su momento México podría concurrir como amicus curiae, pero no sería indispensable. Pero sí, la comunidad mexicana en Estados Unidos seguramente lo va a hacer”, afirmó Ebrard.
El Art. 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CIDH) prevé que cualquier persona o institución puede presentar un amicus curiae por terceros ajenos a un caso o una solicitud de opinión consultiva para colaborar con el Tribunal en la resolución de una sentencia.
Este jueves, en conferencia de prensa en Palacio Nacional el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), exhortó a los connacionales radicados en Estados Unidos a no votar a favor de Ron DeSantis gobernador de Florida que buscará la candidatura de los republicanos a la presidencia en 2024.
López Obrador señaló que DeSantis literalmente se ha dedicado a perseguir migrantes de forma discriminatoria y racista.
Al respecto, Ebrard descartó que las declaraciones del Presidente López Obrador generen un conflicto político con Estados Unidos.
“Lo que decía hoy el Presidente, es lo que llamamos el sentido común, no pretendemos más allá de eso. El sentido común es tomar en cuenta cuál es la posición de cada uno de los que se van presentando allá al respecto a nuestro país y nuestra comunidad mexicana en Estados Unidos”, comentó Ebrard.
Sin duda, añadió, la comunidad mexicana está preocupada con la nueva ley que prevé sanciones contra aquellos empresarios que contraten o transporten a migrantes irregulares en Florida.
Es una ley, añadió, claramente racista que invade la esfera de los derechos fundamentales de las personas.
“La instrucción que yo tengo es que México prepara, el gobierno de México, la defensa jurídica caso por caso. Y también la impugnación al aspecto racista de la ley”, afirmó.
El pasado 10 de mayo, Florida aprobó una ley con duras medidas contra la migración irregular, que ha sido impulsada por el Gobernador republicano DeSantis, que se ha postulado para competir por la Casa Blanca en 2024.
DeSantis firmó el texto durante un evento en Jacksonville, en el noreste del estado, bajo el lema “La crisis fronteriza de (Joe) Biden”, el Presidente demócrata al que acusa de no atender la inmigración ilegal.
“Los cárteles de la droga mexicanos tienen más que decir sobre lo que ocurre en la frontera sur que nuestro propio Gobierno estadounidense”, dijo el Gobernador republicano justificando la necesidad de la nueva ley floridana. El texto entrará en vigor el 1 de julio.
La nueva ley exigirá a las empresas con más de 25 empleados que utilicen E-Verify, un sistema federal para comprobar el estatus migratorio de las personas a las que quieran contratar.
Además, obligará a los hospitales que aceptan el seguro público Medicaid a recoger datos sobre el estatus migratorio de sus pacientes, lo que podría llevar a migrantes indocumentados a evitar recibir tratamientos, según opositores a la norma.
Por otra parte, el transporte de personas indocumentadas desde otro estado hasta Florida se convertirá en un delito castigado con hasta 15 años de prisión.
Y las autoridades dejarán de reconocer las licencias de conducir emitidas fuera del estado a migrantes irregulares, además de prohibir la financiación de programas locales para otorgar documentos de identidad a extranjeros sin papeles.
La ley asigna además 12 millones de dólares para trasladar a migrantes indocumentados a otros estados del país, en el marco de un programa iniciado el año pasado con el envío de dos grupos de venezolanos en aviones privados de Texas al noreste de Estados Unidos.
DeSantis, de 44 años, figura ascendente de la derecha estadounidense, ha promovido en los últimos meses una agenda muy conservadora en asuntos relacionados con la enseñanza, la migración o el derecho al aborto.
La mayoría republicana en ambas cámaras estatales le ha brindado su apoyo completo para aprobar leyes que le han garantizado una gran atención mediática.
Pero sus iniciativas han sido cuestionadas por defensores de los derechos humanos.
“Florida penaliza a los migrantes por haber tenido la mala suerte de nacer en países convulsos y haber tenido el valor de buscar aquí la paz y la prosperidad”, declaró Tessa Petit, directora ejecutiva de la organización Florida Immigrant Coalition, en un comunicado enviado este miércoles.
