Agencias/Ciudad de México.- Magistrados y jueces federales advirtieron al Poder Legislativo que la iniciativa de reforma judicial afectaría la histórica relación comercial entre México Estados Unidos y Canadá, dado que violaría varios comprimisos que adquirió el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el T-MEC de garantizar procesos con certeza jurídica para inversiones y controversias laborales.
En una carta dirigida a las Cámaras de Diputados y de Senadores, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) reiteró su desacuerdo con la iniciativa y su llamado a los legisladores para reconsiderarla.
“La iniciativa de reforma judicial presentada por el titular del Poder Ejecutivo, al pretender establecer la elección en las urnas de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, violenta e incumple el anexo 23 del T-MEC, por cuanto hace al compromiso de establecer y mantener tribunales independientes para la resolución de controversias laborales”, dice el escrito.
“Más aún, transgrede las obligaciones pactadas en los capítulos 14 y 27 relacionados con inversiones y políticas anticorrupción, pues el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México con motivo de dicho tratado no sólo depende de garantizar la independencia de tribunales especializados en materia laboral, sino la de todos los órganos jurisdiccionales que conozcan de juicios que involucren intereses de inversionistas extranjeros.
“Expresamos nuestro desacuerdo con la iniciativa de reforma judicial en los términos presentados por el titular del Poder Ejecutivo Federal, pues incumple distintos compromisos adquiridos por nuestra nación con motivo del T-MEC (…) Por lo que, nuevamente hacemos un llamado a las fuerzas políticas para buscar en conjunto otras alternativas de reforma que permitan continuar el progreso democrático y económico de nuestra Nación”.
De acuerdo con la JUFED, la reforma judicial provocará un retraso considerable en la profesionalización de los impartidores de justicia especializada, en especial en materia laboral, sobre todo porque en la actualidad se implementa un “nuevo sistema de justicia laboral” que inició en 2019.
“Ello en virtud de que a partir de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano en el marco del T-MEC, el Poder Judicial federal ha generado criterios técnico-jurídicos en materias especializadas, asimismo, ha impulsado la capacitación continua de las personas juzgadoras a través de la carrera judicial, lo que ha permitido una impartición de justicia completa y profesional en beneficio de las personas justiciables, y a su vez ha brindado certeza jurídica a las inversiones nacionales y extranjeras que tienen lugar en el país”, apuntó.
Los impartidores de justicia señalan que las cláusulas del T-MEC que viola la iniciativa de reforma fueron suscritas por los tres países en el preacuerdo del 28 de agosto de 2018, el cual fue firmado el 30 de noviembre siguiente y materializado bajo el mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se refiere en particular al anexo 23-A del propio tratado, en el que México se comprometió a implementar las acciones necesarias para adecuar su legislación antes del 1 de enero de 2019, para garantizar y mantener tribunales laborales independientes e imparciales.
“Asimismo, se comprometió al gobierno entrante (mandato presidencial de Andrés Manuel López Obrador) a la observación y cumplimiento de dicho tratado”, recuerda.
Este compromiso culminó con la la reforma en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva y la publicación de las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, el 1 de mayo de 2019. Y el 1 de julio de 2020 entró en vigor el tratado internacional.
De acuerdo con la JUFED, el T-MEC se vincula con el Poder Judicial de la Federación, por las acciones que han dado competencia a los órganos jurisdiccionales especializados y por la resolución que debe dar a controversias que surjan con motivo de la ejecución del tratado.
Por ejemplo, menciona que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) creó la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral (UIRMJL), para materializar las acciones de diseño del nuevo modelo de impartición de justicia laboral.
También refiere que los Poderes de la Unión capacitaron a sus integrantes para transitar de la justicia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, a los nuevos tribunales en materia laboral que se fueron creando a nivel local y federal hasta el 2023.
“Inclusive el Gobierno de Estados Unidos a través de un comunicado difundido por la Casa Blanca se comprometió a invertir en asistencia técnica y cooperación durante tres años para trabajar con México en la implementación de la legislación laboral”, dijo la asociación de juzgadores.
