Agencias/Ciudad de México.- Fiscales de Arizona han presentado acusaciones contra 22 personas relacionadas con el tráfico de armas de fuego que han sido utilizadas en alrededor de 100 delitos en territorio mexicano entre 2019 y 2020.
Los fiscales adjuntos Angela W. Woolridge, Matthew C. Cassell y Craig Russell, del Distrito de Arizona, Tucson, interpusieron las denuncias, paralelamente la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP) lleva a cabo la investigación.
En ese contexto un gran jurado federal de Tucson mantiene en curso el proceso contra 22 personas relacionadas con el tráfico de armas de fuego presuntamente involucradas en alrededor de 100 delitos.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, las 22 personas formarían parte de una organización de tráfico de armas con sede en Tucson.
El pasado 15 de septiembre, los fiscales presentaron una de las acusaciones contra 10 personas ligadas al tráfico de armas desde Tucson, Arizona hacia México.
Posteriormente, interpusieron una segunda denuncia contra otros 12 sujetos, sin especificar si existe relación en las operaciones ilícitas entre ambos grupos, el pasado 21 de septiembre.
“La investigación que condujo a su acusación implicó una serie de transacciones de armas de fuego que dieron lugar a la incautación de armamento en la República de México”, indicó parte de la denuncia.
La primera acusación ha sido por 51 delitos relacionados con armas de fuego contra: Julián Canastillo, Daniel Canastillo Molina, Omar Trujillo Jr., Carlos Martínez, Nicolas Meraz, Timothy Scott Waltermire Jr., Tylor Cody Joiner, Roy Glen Cline III, Corey Creasia y Davud Rey González.
Según los informes, las armas habrían sido adquiridas a vendedores con licencia en Arizona entre octubre de 2021 y mayo de 2022.
Posteriormente los acusados contrabandearon el armamento que llegaron a manos de cárteles del crimen organizado en territorio mexicano.
La segunda acusación ha sido por 49 delitos en los que estarían involucrados: Víctor Coronado, Fernando Palomares Jr., Julissa Leonor Torres, Carlos Fernando Palomares-Leon, Briana Marie Montpetit, Karla Romero, Avery Danelle Gipson, Kevin Allen Lapedus, Ray Alberto Laborin, Elizar Olivares, Kyle Rene Fazlollah y Ty-Jhay Damon Grigsby.
Victor Coronado, Palomares Jr, Palomares-León, Fazlollah y Olivares habrían supuestamente contrabandeado armas de fuego de EEUU a México entre octubre de 2019 y julio de 2020.
La investigación de los fiscales señaló que entre las armas hallaron pistolas calibre 9 mm, rifles de estilo militar y cerca de seis Barrett 82A1 de calibre 50.
Los fiscales continúan en la recopilación de pruebas para poder sustentar las acusaciones que permitirían llevar a juicio a las personas involucradas en el tráfico de armas de EEUU a México.
Las leyes estadounidenses aplican a los traficantes de armas una pena máxima de 10 años de prisión.
El pasado 10 de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha impulsado la segunda demanda contra cinco empresas fabricantes de armas ubicadas en Arizona, Texas.
El Gobierno de México buscaría que la Corte sancione a las compañías por violación a la ley estadunidense recientemente promulgada que tipificó como delito las compras de armas mediante prestanombres.
Además, estableció sentencias de hasta 15 a 25 años de cárcel si el ilícito está relacionado con el tráfico de drogas.
El objetivo, indicó la SRE en esa fecha, es frenar el tráfico de armas hacia el crimen organizado en el marco de la colaboración entre México y Estados Unidos para combatir a los cárteles de la droga.
El Gobierno de México estimó que 60% de las armas incautadas a grupos del crimen organizado habrían sido adquiridas en 10 condados ubicados en los puntos fronterizos de Estados Unidos y México.
En su demanda de agosto del 2021, el Gobierno federal estimó que el 2.2% de los casi 40 millones de armas fabricadas anualmente en Estados Unidos se introducen como contrabando a México.
Esto, según el Gobierno mexicano incluyó hasta 597,000 armas fabricadas por las empresas acusados.
México dijo que el contrabando ha sido un factor crucial para empujar al país al tercer puesto mundial en el número de muertes relacionadas con armas.
También afirmó sufrir muchos otros perjuicios, como la disminución de la inversión y la actividad económica y también la necesidad realizar un mayor gasto en la aplicación de la ley y seguridad pública.
El gobierno mexicano sostiene que los fabricantes saben que sus prácticas contribuyen al tráfico de armas a México y lo facilitan.
Las empresas demandadas son Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta, Century International, Colt’s Manufacturing, Glock Inc., Sturm, Ruger & Co y Witmer Public Safety Group.
El Gobierno precisó que la amplia mayoría de las armas recogidas en escenas de crímenes en México provienen de Estados Unidos.
En 2019, según estimaciones de la cancillería mexicana arrojan que unos 17,000 homicidios estuvieron vinculados con armas fabricadas en Estados Unidos.
luego de que la primera fuera desestimada. De acuerdo con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, las armas que entran al territorio nacional son empleadas para perpetrar delitos como homicidios o feminicidios.
Una corte federal de Boston, Massachusetts, desestimó la primera demanda contra 11 fabricantes de armas que promovió el Gobierno de México en agosto de 2021.
Según estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), dada a conocer por Milenio, cada día entran a México cerca de 548 armas provenientes del país vecino de manera ilegal, de las cuales solo cuatro son incautadas por las autoridades fronterizas.
Esas cifras arrojan un ingreso ilegal de más de 200 mil armas y solo mil 398 son aseguradas.
