Agencias / InsurgentePress, Ciudad de México.- El ex secretario de Finanzas del Gobierno del estado de Tabasco (México) José Manuel Saiz-Pineda ha sido acusado de corrupción en Texas, donde afronta cargos de conspiración de lavado de dinero y de fraude bancario, informó hoy el Departamento de Justicia.
En un comunicado, el Departamento indicó que la esposa de Saiz-Pineda, Silvia Pérez, fue detenida este miércoles en su domicilio de Sugar Land, una ciudad ubicada en el área metropolitana de Houston (Texas), por estar relacionada con esta trama de corrupción, que también salpica a un socio de la familia.
El ex secretario de Finanzas del Gobierno del estado de Tabasco (México) José Manuel Saiz-Pineda ha sido acusado de corrupción en Texas, donde afronta cargos de conspiración de lavado de dinero y de fraude bancario, informó hoy el Departamento de Justicia.
En un comunicado, el Departamento indicó que la esposa de Saiz-Pineda, Silvia Pérez, fue detenida este miércoles en su domicilio de Sugar Land, una ciudad ubicada en el área metropolitana de Houston (Texas), por estar relacionada con esta trama de corrupción, que también salpica a un socio de la familia.
Saiz-Pineda, de 49 años, se desempeñó como secretario de Finanzas del gobierno del estado de Tabasco de 2007 a 2012 bajo el mandato del ex gobernador Andrés Granier Melo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, que fue arrestado por malversación de fondos y acusaciones de corrupción pública en 2013.
Tanto Saiz-Pineda como Martín Medina, socio de la familia, están actualmente bajo custodia en Tabasco, mientras que la mujer compareció este jueves en un tribunal federal en Houston, dónde la jueza ordenó su vigilancia hasta una nueva audiencia que se llevará a cabo la próxima semana.
La acusación incluye un aviso de confiscación criminal de siete propiedades ubicadas en las ciudades de Nueva York, Los Ángeles, Miami y Houston, que tienen un valor combinado estimado de más de cincuenta millones de dólares.
La notificación de decomiso también enumera seis cuentas bancarias separadas, incluyendo una inscrita en un paraíso fiscal, las islas Bermudas.
Si los tres acusados son condenados por las acciones de lavado de dinero, cada uno enfrentará hasta 20 años en una prisión federal y una posible multa máxima de medio millón de dólares.
Asimismo, la conspiración para cometer fraude bancario conlleva una pena máxima de 30 años en una prisión federal y hasta una multa de un millón de dólares.
Estas acusaciones son el resultado de una investigación del Grupo de Trabajo contra la Delincuencia Criminal Organizada en Houston y Corpus Christi (Texas).
La Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA), la sección de investigación criminal de la Agencia de Impuestos Internos (IRS), las oficinas de los sheriffs de Fort Bend y Harris y el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos participaron también en la indagación, apoyada por funcionarios del estado de Tabasco.
