Agencias/Washington.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha responsabilizado al Gobierno del Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de graves violaciones a las garantías individuales, ejecuciones sumarias y uso de francotiradores contra las manifestaciones de civiles en un informe presentado este viernes ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.
La agencia española EFE informó que la CIDH presentó un documento, de 97 páginas, en las que confirmó en 212 el número de muertos hasta el 19 de junio y concluye que “el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia”.
“Es de especial preocupación para la Comisión los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”, reza el informe.
El texto recoge las conclusiones finales de la visita que la Comisión realizó a Nicaragua entre el 17 y el 21 de mayo para analizar las protestas, que comenzaron el 18 de abril y que han desembocado en la crisis más sangrienta del país desde los años ochenta.
Durante la presentación del informe, la relatora para Nicaragua de la CIDH, Antonia Urrejola, aseguró que la Policía Nacional nicaragüense y grupos paramilitares han implementado un “patrón” de violencia destinado a disuadir a los manifestantes.
“Existe un patrón de actuación de antimotines, grupos paramilitares y terceros armados actuando con la dirigencia de la Policía”, afirma Urrejola, quien ha explicado que ese “patrón” consiste en el “uso excesivo y arbitrario de la fuerza letal de forma deliberada”.
A este respecto, la CIDH considera en su documento que “la respuesta del Estado a través de sus fuerzas policiales, fuerzas antimotines y grupos parapoliciales mediante la utilización de armas de fuego, bombas lacrimógenas y el uso de balas de goma, fue desproporcionada”.
Después de visitar Nicaragua, la CIDH ya presentó un informe preliminar en el que alertó de la presencia de francotiradores y de “graves violaciones de derechos humanos”.
Con el consentimiento del Ejecutivo nicaragüense, la CIDH y la OEA han decidido crear un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que viajará a Nicaragua por primera vez el 3 de julio, ha detallado Urrejola.
El Gobierno rechaza el informe
El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, ha anunciado en la sesión extraordinaria de la OEA que su Gobierno “rechaza de manera integral el informe presentado por la CIDH por considerarlo subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado”.
El documento falta “totalmente a la verdad, ofendiendo la dignidad de los nicaragüenses”, ha agregado según la AFP.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha dicho a su vez que el tiempo “va en contra de Nicaragua” y ha reforzado que “se necesita una respuesta política” para resolver las tensiones en el país centroamericano.
El representante de México ante la OEA, Jorge Lomónaco, ha expresado su “profunda preocupación” por el alto número de vidas perdidas y ha pedido el “cese inmediato” de la violencia por parte de todos los actores.
La sesión extraordinaria comenzó con un minuto de silencio por las víctimas de las protestas que sacuden a Nicaragua desde el 18 de abril.
“Ortega ha perdido toda legitimidad”
Por su parte, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ha afirmado que el Ejecutivo de Nicaragua “ha perdido toda legitimidad” por la violencia empleada contra los manifestantes, y pidió un “cambio radical en el sistema de gobierno”.
“Los vicepresidentes y el secretario general para las Américas del Buró Internacional de la FIDH condenan enérgicamente las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua (…) y consideran que el Gobierno actual ha perdido toda legitimidad y no existen condiciones para una salida democrática a la grave crisis”, indica la FIHD en un comunicado.
La FIDH, con sede en París, “exige el cese inmediato de la represión e insta al Estado nicaragüense a garantizar el acceso de los organismos y mecanismos de protección internacionales”.
Asimismo, emplaza a “los Estados miembros de la OEA a condenar firmemente las graves violaciones a los derechos humanos y vigilar de cerca los avances y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo nacional”.
“Los asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y persecuciones ocurren cada día desde hace más de dos meses. Por un lado, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, acepta el diálogo, pero, por el otro, continúa reprimiendo a la población.
Las crecientes manifestaciones son muestra del descontento popular y ello exige un cambio radical en el sistema de gobierno”, ha instado la FIDH.
Las protestas contra Ortega y contra su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se han convertido en un reclamo que pide su renuncia, después de 11 años en el poder, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.
La Iglesia católica está mediando en un diálogo entre el Gobierno y la sociedad civil para encontrar una salida pacífica a la crisis política, pero ese proceso quedó cancelado por desacuerdos.
No obstante, la Iglesia ha adelantado que reanudará el diálogo después de que la CIDH presentase su informe final.
