Agencias/Ciudad de México.- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que la nueva discusión sobre su plan electoral —mejor conocido como Plan B— en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es una intromisión al poder legislativo.
“Acerca de lo que va a resolver la Corte hoy, que va a desechar, me estaban diciendo que el proyecto ni siquiera va al fondo; se queda en la forma. Además, considero que es una invasión, una intromisión al poder legislativo. Le van a corregir la plana”, comentó en conferencia de prensa.
El mandatario mexicano rechazó que uno de los argumentos de los ministros sea que la reforma no había sido discutida a cabalidad.
“Pero sí se discutió y, además, el bloque conservador en el congreso no quiso ni siquiera participar en nada. Por eso van a anular la ley electoral. Claro que es un asunto de forma, pero la forma es fondo cuando se trata de la intromisión de un poder en un asunto que competen a otro”, subrayó López Obrador.
Los ministros de la Suprema Corte mexicana hablarán este 22 de junio sobre el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, donde se propone declarar la invalidez total del Plan B por violaciones al proceso legislativo.
“Por un lado, se acredita que la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria fue sustituida por una versión modificada cuando ya se discutía en el pleno de la Cámara de Diputados, sin que se diera cuenta de la sustitución ni de las modificaciones a los legisladores.
“Por otro lado, también se demuestra que las Cámaras modificaron artículos del proyecto de Decreto que ya habían sido aprobados por ellas en sesiones anteriores, cuando el artículo 72, inciso E, de la Constitución Federal prohíbe tajantemente que se revisen los preceptos ya aprobados por ambas Cámaras”, se lee en un comunicado emitido por el organismo.
En mayo pasado, la SCJN discutió y resolvió las impugnaciones contra el decreto de reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
El Plan B del presidente mexicano propone modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos.
La propuesta contempla tres ejes principales: el ejercicio de derechos político-electorales, entre los que se incluye garantizar el voto a poblaciones vulnerables y la regulación de las cuotas de paridad de género; cambios al Sistema Nacional Electoral, que incluye modificaciones al calendario de elecciones, y en materia de justicia electoral.
Entre los cambios concretos está la posibilidad de que los legisladores que busquen su reelección deban separarse de sus cargos. Además, garantiza el voto a personas en prisión preventiva y con discapacidad en estado de postración.
