Agencias/Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR), cumplimentó una orden de aprehensión contra el exfiscal de Chihuahua, César ‘N’, acusado del presunto delito de “traición a la patria” en materia de seguridad nacional, tras haber autorizado un operativo en el que murieron dos elementos de la corporación estatal y dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, en la Sierra Tarahumara, el pasado 19 de abril.
El pasado 21 de abril, el periódico The Washington Post confirmó que los dos funcionarios de la Embajada estadounidense que murieron en un accidente automovilístico en Chihuahua, tras regresar de un operativo antidrogas en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, México, trabajaban para la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) .
La fiscal general, Ernestina Godoy, dijo que Jáuregui habría permitido que agentes extranjeros intervinieran en facultades exclusivas de la Federación y habría ocultado información que estaba obligado a compartir.
“La orden la otorgó un juez federal, después de trabajos de gabinete y de campo que comprendieron más de cien actos de investigación.
“Deriva de hechos que esta persona habría ordenado y coordinado durante el operativo de abril pasado en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua. Un operativo irregular, a partir del cual esta Fiscalía aseguró y desmanteló después un laboratorio clandestino de drogas.
“Lo anterior claramente es un ataque al pacto federal y a la división de poderes”, indicó Godoy en un comunicado.
Precisó que la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional especifican que las entidades federativas están limitadas para asumir facultades reservadas a la Federación, además, impedidas de transferir potestades públicas a autoridades extranjeras.
“La investigación determinó que César “N” habría incurrido en hechos posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria, en materia de seguridad nacional.
!Esto, porque habría permitido que personas extranjeras intervinieran, sin autorización, en territorio nacional y en acciones que solo corresponden a las fuerzas federales.
“Eso atenta contra la soberanía y la integridad de la Nación, al encontrarse expresamente prohibido por la Constitución, afirmó Godoy.
Precisó que la carpeta de investigació que elaboró la propia fiscalía estatal reconoció la participación en el operativo de estos extranjeros sin ninguna justificación.
“Tampoco la tenía la cadena de mando para permitirlo. Fue el exfiscal estatal, precisamente, quien dio a conocer los hechos a la opinión pública.
“Además, se acreditó que ambas personas extranjeras habían acudido en varias ocasiones y sin causa justificada, a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación.
“La autoridad estatal carecía de facultades para realizar acciones que son exclusivas de la Federación. La Ley de Seguridad Nacional lo prohíbe expresamente a los estados.
“Aun así, la Fiscalía local y su policía realizaron el operativo sin atribuciones y sin haber abierto antes la carpeta de investigación.
“Y esto, a pesar de que el propio César “N” declaró a los medios que el operativo fue fruto de meses de planeación entre dos áreas a su cargo: la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía Especial de Operaciones Estratégicas.
“El exfiscal habría ocultado información. La Fiscalía estatal, a través de su titular, tenía que informar a la Federación. No lo hizo. En cambio, informó a personas extranjeras.
“Sabía que se trataba de delitos federales. Sin embargo, avisó a las fuerzas federales solo después del operativo, de manera precipitada e indebida. Las autoridades federales asumieron de inmediato la investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades”, afirmó.
Godoy destacó que desde el primer momento hemos mantenido comunicación y coordinación con las autoridades estatales.
El delito por el que se le acusa a Jáuregui es uno de los más graves contra el Estado y nadie ha sido condenado por él desde mediados del siglo XIX.
La legislación mexicana no ofrece una definición única de traición a la patria, pero la configura como actos contra la independencia, soberanía o integridad del país en favor de un gobierno, Estado o grupo extranjero.
Los artículos 123 a 126 del Código Penal Federal incluyen conductas como colaborar con fuerzas extranjeras, facilitar una invasión, entregar información estratégica o promover una intervención extranjera, con penas de hasta 40 años de prisión.
A diferencia de otros delitos, castiga conductas que podrían comprometer la seguridad nacional o someter al país a la influencia o control de una potencia extranjera, por lo que su aplicación ha sido históricamente muy poco frecuente.
La última condena histórica ampliamente reconocida por ese delito fue la de Maximiliano de Habsburgo, emperador de México entre 1864 y 1867.
Maximiliano fue condenado y fusilado en 1867 después de que el gobierno republicano de Benito Juárez determinara que el imperio que encabezó, apoyado por tropas francesas, vulneraba la independencia y soberanía de México.
Entre las conductas que pueden constituir traición a la patria figuran participar en hostilidades contra México bajo las órdenes de un Estado extranjero, proporcionar información estratégica que pueda afectar la seguridad nacional, facilitar una invasión, colaborar con fuerzas o grupos armados dirigidos por extranjeros o reclutar personas para combatir contra el país.
El Código Penal Federal también considera traición a la patria acciones como privar ilegalmente de la libertad a una persona en territorio mexicano para entregarla a autoridades de otro país o trasladarla al extranjero con ese fin.
Hay una gran diferencia entre ser acusado de traición a la patria y ser condenado por ella.
Las acusaciones recientes no han concluido aún en sentencias firmes. En 2024, la fiscalía general mexicana abrió una investigación y buscó judicializar cargos por “traición a la patria” contra Joaquín Guzmán López, hijo del capo narco Joaquín “El Chapo” Guzmán, por el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos.
Las disposiciones sobre traición a la patria se aplican principalmente a ciudadanos mexicanos, aunque el Código Penal Federal también prevé sanciones para extranjeros que participen en las conductas contempladas por la ley.
La figura tiene además rango constitucional. El artículo 108 de la Constitución mexicana establece que incluso el Presidente puede ser imputado durante su mandato por traición a la patria, reflejando la gravedad excepcional que el ordenamiento mexicano atribuye a este delito.
El lunes, Jáurequi, del partido opositor Acción Nacional (PAN), fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en el Estado de México, contiguo a la capital. El jueves, un juez determinará sin es vinculado a proceso y si los delitos que se le imputan ameritan prisión preventiva.
“La acusación de traición a la patria contra el exfiscal de Chihuahua César Jáuregui busca sentar un precedente y prevenir que la cooperación entre gobiernos estatales y el gobierno de Estados Unidos se dé sin la coordinación y visto bueno de la Federación”, opinó Matías Gómez Léautaud, analista de Eurasia.
“Hay una dimensión política clara, dado el gobierno de oposición de Chihuahua. Las elecciones intermedias de 2027 engendran incentivos para la presidencia de evidenciar fracasos por gobiernos estatales de oposición y la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una confrontación con la gobernadora Maru Campos, lo cual aumenta la importancia del caso para la agenda nacional”, agregó.
Jáuregui ocupó el cargo de fiscal de Chihuahua entre 2023 y 2026.
The Washington Post que citó dos personas familiarizadas con el asunto indicó que los agentes de la CIA Richard Leiter Johnston de 36 años y John Dudley Black de 44 años, formaban parte de un papel significativamente ampliado en la lucha contra el narcotráfico en el hemisferio occidental.
Richard Leiter Johnston III, agente de la CIA participó en operaciones militares y de inteligencia en Medio Oriente, África y Asia Oriental antes de ser destinado a México, para combatir al narcotráfico.
El pasado 1 de abril, se registró el fatídico accidente que cobró la vida de dos funcionarios mexicanos y dos agentes de la CIA, el hecho llevó a la Presidenta Claudia Sheinbaum a decir que investigaría si la operación violó las leyes de seguridad nacional de México.
La CIA se negó a comentar sobre el tema, reportó The Washington Post.
Los cuatro murieron cuando regresaban de una reunión con funcionarios mexicanos tras la operación para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas en una zona remota de la Sierra de Chihuahua.
Funcionarios mexicanos indicaron que el vehículo se salió de la carretera, cayó por un barranco y explotó.
El accidente se registró en medio de la creciente presión del Presidente Donald Trump sobre México para que tome más medidas contra los cárteles, y mientras la CIA ha ampliado sus operaciones antinarcóticos en Latinoamérica.
Si bien Trump ha amenazado ocasionalmente con acciones unilaterales de Estados Unidos contra los cárteles en México, la CIA y otras agencias federales han enfatizado hasta ahora la importancia de trabajar en colaboración con las autoridades mexicanas.
Las personas familiarizadas con el asunto hablaron sobre el papel de la agencia de espionaje en los sucesos de Chihuahua bajo condición de anonimato, debido a la delicadeza del tema.
Bajo la dirección de John Ratcliffe, la CIA ha asumido un papel más importante y agresivo en la lucha contra el narcotráfico, una de las principales prioridades de Trump al asumir el cargo.
La madrugada del pasado 19 de abril, dos agentes adscritos a la Embajada de Estados Unidos (EEUU) en México murieron junto con el jefe de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Oseguera y su subordinado Genaro Méndez Montes, durante el regreso de un operativo en el que inhabilitaron seis laboratorios de drogas sintéticas en la Sierra Tarahumara, de Chihuahua.
