Por Erick Olivera Méndez/Ciudad de México.- El crecimiento exponencial del gasto en pensiones y jubilaciones en México durante la última década plantea un complejo panorama para el futuro del país. Según las proyecciones del gobierno federal, el gasto en pensiones del sector público se ha cuadruplicado de 2010 a 2024, alcanzando una cifra de un billón 499 mil millones de pesos.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía dejan en claro la magnitud del fenómeno demográfico. Mientras que la población joven y en edad de trabajar ha disminuido significativamente, la población de edad avanzada ha experimentado un crecimiento notable. Esta disparidad demográfica es un llamado de atención sobre la necesidad de tomar medidas proactivas.
Si proyectamos estos números hacia el futuro, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda, en 2050, los adultos mayores de 65 años representarán el 17 por ciento del total de la población. Este cambio drástico en la estructura poblacional plantea interrogantes fundamentales sobre la sostenibilidad de los sistemas de pensiones tal como los conocemos.
El gasto en pensiones que en 2024 alcanzará casi 1.5 billones de pesos, supera el presupuesto destinado a inversión para el mismo año. Este hecho, sumado al peso económico del programa universal de pensiones para adultos mayores, que implica una erogación adicional de 465 mil 48 millones de pesos, significa que el gobierno deberá destinar casi el 22 por ciento del presupuesto federal de 2024 a pensiones.
Es imperativo abordar este desafío de manera integral y a largo plazo. La clave radica en la integración de los diversos sistemas de pensiones que existen en el país. Esta integración no solo optimizará la administración de recursos, sino que también permitirá una mayor equidad y eficiencia en la distribución de beneficios.
No obstante, la integración de los sistemas de pensiones no debe ser un cambio aislado, sino parte de una reforma fiscal más amplia que aborde los retos económicos y demográficos que enfrenta México. Esta reforma deberá ser concebida con una visión a largo plazo y aplicada de manera gradual y justa.
Es esencial que se promueva la participación activa de todos los sectores de la sociedad en este proceso. Los expertos en economía, demografía y seguridad social deben colaborar estrechamente con el gobierno para diseñar un sistema de pensiones integrado que sea sostenible y justo para todas las generaciones.
Además, es muy importante fomentar la educación financiera y la planificación para la jubilación desde edades tempranas. Esto no solo ayudará a las personas a tomar decisiones informadas sobre sus finanzas personales, sino que también contribuirá a reducir la carga futura sobre los sistemas de pensiones.
En última instancia, la integración de los sistemas de pensiones no es solo una cuestión económica, sino también una cuestión de justicia social y equidad intergeneracional. Al abordar este desafío de manera responsable y proactiva, México sentará las bases para un futuro más estable.
