Por Erick Olivera Méndez/Ciudad de México.- El reciente llamado de la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a países en desarrollo para que aumenten los impuestos al sector más adinerado ha suscitado un debate tanto sobre la equidad fiscal como sobre la eficacia de las políticas propuestas. En un contexto global marcado por la desigualdad de ingresos, el desarrollo sostenible y la urgencia del cambio climático, estas recomendaciones del FMI han generado opiniones encontradas y reflexiones sobre su implementación práctica.
La propuesta del FMI sugiere incrementar el porcentaje de impuestos en relación al Producto Interno Bruto (PIB) en hasta un 9 o 10 por ciento en países en desarrollo. Según Georgieva, esta medida podría contribuir a elevar los ingresos y reducir las vulnerabilidades económicas. Destaca la importancia de construir sistemas tributarios que fomenten la formalización de la economía y que redistribuyan la riqueza hacia sectores más necesitados de la sociedad.
El informe del FMI publicado en 2023 respalda estas recomendaciones, enfatizando la necesidad de mejorar el diseño y la gestión de los impuestos internos básicos, así como ampliar la base impositiva y fortalecer las instituciones que rigen el sistema tributario. Se espera que estos cambios no solo aumenten los ingresos fiscales, sino que también impulsen el desarrollo financiero y empresarial del sector privado, liberando fondos para fortalecer las redes de protección social y promover el desarrollo sostenible.
Aunque algunas voces críticas señalan que las recomendaciones del FMI no van lo suficientemente lejos para abordar la desigualdad y los problemas estructurales en los sistemas tributarios, pues es importante diseñar políticas más progresivas que incrementen la carga impositiva sobre las empresas y apliquen gravámenes sobre la riqueza, en lugar de simplemente trabajar dentro del sistema tributario existente para hacerlo más eficiente.
Es fundamental que las recomendaciones del FMI se traduzcan en políticas fiscales que no solo aumenten los ingresos del Estado, sino que también aborden de manera efectiva la desigualdad económica. Esto implica no solo cambios en la recaudación de impuestos, sino también en la redistribución de la riqueza y la protección de los más vulnerables. Además, se debe prestar atención a la implementación práctica de estas políticas, asegurando que no solo beneficien a los sectores más acomodados de la sociedad, sino que también promuevan un desarrollo equitativo y sostenible para todos los ciudadanos.
La propuesta fiscal del FMI es un paso hacia una mayor equidad fiscal en los países en desarrollo, sin embargo, es necesario un enfoque más amplio y progresivo que aborde las raíces estructurales de la desigualdad y garantice que los beneficios de estas políticas lleguen a aquellos que más lo necesitan.
