Con mi solidaridad al doctor Jorge Witker, padre del derecho económico
Por Ernesto Villanueva/Texto revista Proceso/Ciudad de México.- Desde hace muchos años han estado empolvándose iniciativas de ley para eliminar o reformar las pensiones presidenciales (que sí representan una cantidad de la que carece más de 99% de la población) y los gastos ocultos de los exmandatarios, que ascienden casi a 5 millones de pesos (mensuales).
Estos datos son ofensivos para todos los mexicanos, pues la pensión, los ayudantes, la vigilancia personal, los seguros y demás privilegios de los expresidentes de la República y sus familias suman dos mil 700 salarios mínimos mensuales, contra mucho menos de 10 salarios mínimos mensuales en el caso de los expresidentes de Estados Unidos –prerrogativa no vitalicia, sino por tan sólo 10 años a partir de la administración Clinton. La inequidad es abismal.
Debo confesar que para la doctora Hilda Nucci y yo, autores de la investigación Los parásitos del poder. Cuánto cuesta a los mexicanos mantener los privilegios de los expresidentes (Ediciones Proceso, segunda reimpresión, 2017), atestiguar el fortalecimiento de una causa –que es además la de millones de mexicanos– como la que ha hecho suya la diputada federal Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, es una gran satisfacción.
El hashtag #ExPresidentesSinPension que abandera la legisladora por mayoría relativa (es decir que sí fue votada directamente por sus electores) del Distrito 8 de Guadalajara, Jalisco, tiene un valor agregado, toda vez que la diputada optó por predicar con el ejemplo: no ha aceptado seguros de vida ni de gastos médicos, ni bonos disfrazados de lo que sea. Si en algo no hay discusión es en lo inaceptable que resulta el uso de dinero público para fines privados en las cámaras de Diputados y de Senadores, y en prácticamente en toda dependencia pública.
El caso de la diputada Delgadillo supone transitar del dato académico y comparativo de una obra como Los parásitos del poder a la praxis política y legislativa para traducir en acto la denuncia contenida en este libro, que no se queda en el muro de lamentaciones sino que ofrece soluciones legislativas a la luz de las mejores expresiones comparadas.
Esta denuncia sigue activa con la causa de la diputada Delgadillo y que, insisto, es nuestra causa, animada por la razón, la justicia y el cumplimiento del estado de derecho. Hablé con la legisladora para felicitarla por su valor civil y para decirle que estaba orgulloso de que, como ella, no todos los legisladores fueran corruptos. Me comentó que ha recibido tuits denigratorios a su persona y a su causa, así como mensajes amenazantes para su grupo de colaboradores. Le dije: bienvenida a la realidad.
En la lógica de la descalificación y el acoso, la infraestructura de los llamados “peñabots” se lanza para crear cortinas de humo y desacreditar, para denigrar al mensajero; se maquina contra aquellas propuestas que se considera necesario neutralizar y para hacer naufragar las causas que ponen en aprietos al sistema institucional de privilegios cuando esas ideas han impactado o están impactando positivamente en el ánimo de la opinión pública, como es el caso de la iniciativa impulsada por la legisladora.
Verónica Delgadillo y Clemente Castañeda, coordinador de la fracción parlamentaria de MC, van juntos en esta empresa legal y política.
Es cierto. Hay muchos problemas en el país. El barco hace agua por todos lados y, por lo mismo, no es razonable hacer cambios de un día para otro, ni siquiera de una legislatura a otra. ¿Por qué? Por la ausencia de una cultura política mínima y por la falta de participación social, algo que por muchos años el régimen incubó en los mexicanos a través del sistema educativo. La inexistencia de juicio crítico, la imposición del denuesto hacia la participación social y la tolerancia a las prácticas políticas indebidas fueron, y aún siguen siendo, el plato fuerte del sistema educativo mexicano, al menos del público.
En este contexto, el método de aproximaciones sucesivas resulta la vía más efectiva para un cambio gradual, pero efectivo, que la apuesta al todo o nada… donde la nada siempre suele ganar la partida.
Por tal razón, Verónica Delgadillo no va por todas las canicas. Va juiciosamente por una pero que tiene un gran valor simbólico, histórico y psicológico en la sociedad porque se está demostrando que no hay un destino fatal para los mexicanos y que la ilegal afrenta contra el pueblo que representan las cínicas pensiones y apoyos de los expresidentes y sus familias no puede mantenerse eternamente impune.
En palabras políticas llanas, la diputada Delgadillo ha puesto en aprietos al gobierno de Enrique Peña Nieto, cuyo equipo seguramente está pensando qué hacer para salir del paso ante un frente inesperado, como si le faltaran problemas. Y esto es sólo el principio. Cada día somos más quienes apoyamos la causa de Verónica, porque es la causa de la sociedad y no debemos –no podemos– ir contra nosotros mismos.
La Organización Nacional Anticorrupción (Onea) le dio ya su respaldo a la legisladora y a la causa. En contraste, es lamentable el extraño silencio al respecto de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el organismo financiado por la Coparmex que, se supone, debía simpatizar con una iniciativa que busca acabar con un caso tan indignante de corrupción e impunidad monumentales como el que implican las citadas pensiones y demás privilegios de los expresidentes de México.
Muy por el contrario, ese organismo ha dado un apoyo implícito al mantenimiento de esos privilegios ofensivos; una postura que va en contra de aquello por lo que dicen luchar.
Estoy convencido de que cada ciudadano o agrupación social deben apoyar desde sus propias trincheras a esta joven legisladora que recorre caminos políticos inéditos. Su osadía debe ser una lección para romper el círculo perverso de la zona de confort tan propio de la tradicionalmente corrupta clase política mexicana.