Agencias/Ciudad de México.- A sólo unos meses de las elecciones primarias que decidirán el nombre y rostro del candidato republicano a la presidencia, los gobernadores de ese partido y quienes aspiran a la nominación presidencial se disputan el título del “más duro” contra la inmigración indocumentada en la frontera con México.
Así, mientras algunos gobernadores republicanos han decidido enviar a más elementos de la Guardia Nacional a la frontera con México, los aspirantes a la carrera presidencial en el 2024 promocionan políticas duras como la que ha detonado el inicio de un éxodo de migrantes desde Florida.
Esta nueva batalla por endurecer la seguridad fronteriza con México se produce casi ocho años después de que el entonces candidato a la presidencia, Donald Trump lanzara su primera campaña exigiendo políticas de inmigración estrictas.
La eficacia de esta estrategia en las urnas ha animado a los aspirantes republicanos a tratar de superarse unos a otros en la represión de los inmigrantes indocumentados.
A la batalla para tratar de mostrar mano dura frente a la inmigración indocumentada, se han incorporado las amenazas de declarar a los carteles de la droga en “organizaciones terroristas” para entreabrir así la puerta al bombardeo unilateral de laboratorios en México para procesar el fentanilo que llega desde Asia.
A pesar de que los cruces fronterizos se han reducido drásticamente en las últimas semanas bajo las estrictas reglas de asilo que acaba de imponer la administración Biden, las acciones y pronunciamientos de los gobernadores republicanos parecen más políticos que prácticos.
Así por ejemplo, en Florida, el gobernador Ron DeSantis ha firmado una legislación estatal que limita el acceso a los servicios sociales para los inmigrantes indocumentados y proporciona más fondos para los esfuerzos de DeSantis para expulsarlos a otros estados.
Estas políticas radicales de DeSantis ya han desatado una guerra judicial con el gobierno de California que ya ha anunciado acciones legales contra DeSantis por haber ordenado el traslado de un grupo de inmigrantes de origen colombiano y venezolano que fueron abandonados este fin de semana en Sacramento, según confirmó el fiscal general de California.
Los 16 migrantes colombianos y venezolanos que llegaron a la sede de la diócesis de la Iglesia Católica en Sacramento el viernes representan el grupo más reciente de inmigrantes en ser trasladados de un estado gobernado por republicanos a uno dirigido por demócratas.
El fiscal general Rob Bonta dijo que aunque las circunstancias en torno a la llegada de los inmigrantes a la capital de California aún están siendo investigadas, éstos contaban con documentación que parecía haber sido emitida por Florida.
Los inmigrantes ingresaron a Estados Unidos por Texas.
Eddie Carmona, director de campaña de PICO California, un grupo basado en la fe que ayuda a los migrantes, dijo que las autoridades de inmigración de Estados Unidos ya habían procesado a las mujeres y los hombres jóvenes y les habían dado fechas para que la corte revisara sus casos de asilo cuando ‘individuos que representan a un contratista privado’ los abordaron afuera de un centro para atención a migrantes en El Paso, Texas, y les ofrecieron ayudarlos a conseguir trabajo y llevarlos a sus destinos finales.
“Les mintieron y los engañaron intencionalmente”, sostuvo Carmona, que agregó que los inmigrantes no tenían idea de dónde estaban tras ser abandonados en Sacramento. Carmona dijo que tienen citas judiciales en ciudades de todo el país, no sólo en Texas, y que ninguno de ellos tenía la intención de terminar en California.
En este contexto, el ex presidente y aspirante a la nominación Donald Trump ha adelantado que podría revisar una medida que ya había sopesado mientras fungía como presidente: poner fin a la ciudadanía por nacimiento, un derecho que durante mucho tiempo se consideró garantizado por la Constitución de los EU.
“En el futuro, los futuros hijos de inmigrantes ilegales no recibirán la ciudadanía estadounidense automáticamente”, dijo Trump, una idea que requeriría cuestionar la interpretación de la 14ª Enmienda a la Constitución .
