Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a funcionarios del Catastro de Veracruz que alteraron información y buscaron borrar rastros de propiedades y empresas ligadas a la red de prestanombres del Gobernador Javier Duarte, involucrados en el desvío de recursos públicos en esa entidad.
El periódico Reforma dio a conocer que la PGR abrió un expediente contra Domingo Yorio Saqui, director de Catastro del Gobierno de Veracruz por haber falseado información requerida por el Ministerio Público federal.
La indagatoria contra el funcionario está radicada en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y se suma a las pesquisas que en la PGR integran contra el Mandatario veracruzano, confirmaron fuentes federales.
Yorio Saqui le mintió a la PGR al informar que no contaba con registro de propiedades de varios servidores públicos estatales vinculados con la red tejida en torno al Mandatario para el desvío de recursos cuando en realidad ya se demostró que sí existen datos al respecto.
Yorio Saqui ocultó datos catastrales de la cuñada de Duarte, Mónica Ghihan Macías, y de su concuño, José Armando Rodríguez, señalados en una denuncia penal como prestanombres del Gobernador priista.
También omitió datos de la empresa Azura Sociedades Unidas y de su apoderado, David Alejandro Osorio, incluido en el expediente penal.
Las presiones para borrar rastros hicieron que Rafael Valverde, director del Registro Civil de Veracruz, renunciara a su cargo el 15 de agosto luego de haber recibido una orden para manipular actas de defunción de personas involucradas con empresas fantasmas a través de las que desviaron recursos públicos.
También le solicitaron que cambiara nombres y regímenes de sociedad conyugal de socios de compañías.
…Y PIDE AMPARO EX COLABORADOR
En ese contexto, el ex subsecretario de Finanzas de Duarte, Carlos Aguirre Morales, solicitó a la justicia federal un amparo para evitar cualquier orden de aprehensión que exista en su contra.
Aguirre renunció el 24 de junio de 2015 y, poco después, la Contraloría del Estado dio a conocer que había sido inhabilitado por 3 años para desempeñar cargos públicos por supuestas omisiones e irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos.
Con su demanda de garantías ya son cinco los ex funcionarios y servidores públicos de la Administración de Duarte que recurren al amparo.
