Agencia/InsurgentePress, Ciudad de México.- Un tribunal federal canceló definitivamente la liquidación de 2 mil 177 millones de pesos que el Gobierno de la Ciudad de México pretendía cobrar al consorcio constructor de la Línea 12 del Metro.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó este jueves, por unanimidad, el amparo otorgado en septiembre de 2015 por un juez de Distrito que declaró ilegal la liquidación emitida por el órgano Proyecto Metro del Distrito Federal (PMDF) en contra del consorcio integrado por ICA, Carso y Alstom.

Además, se confirmó que el PMDF ya no puede reiniciar el procedimiento para fincar de nuevo el cobro, porque la liquidación fue emitida el 19 de septiembre de 2014, en el último de los cien días hábiles del plazo legal que tenía dicha autoridad.

El oficio de liquidación fue declarado como ilegal porque el Director de PMDF, Marco Ciriaco Arroyo, no dio oportunidad al consorcio de ofrecer pruebas para aclarar el monto reclamado.

El Gobierno capitalino solicitó en su momento a la Suprema Corte de Justicia atraer la revisión de este amparo, pero en junio de 2016 su petición fue desechada, por lo que el caso quedó en manos del tribunal colegiado.

“Lo procedente es conceder el amparo en contra del oficio de 19 de septiembre de 2014, por el que se emitió la liquidación unilateral del contrato de obra pública, para que la autoridad deje insubsistente dicho acto reclamado, así como todas sus consecuencias, como el acta de finiquito unilateral de 5 de diciembre de 2015”, afirmó el tribunal.

Una fe notarial que se encuentra anexada al expediente indica que el 17 de septiembre de 2014 Ciriaco Arroyo recibió a representantes del consorcio y afirmó:

“En mi opinión personal, PMDF no tendría razón para presentar postura inicial para consensuar la liquidación”.

Al día siguiente, el consorcio recibió una sola cuartilla con una estimación de saldo a favor de PMDF por 2 mil 531 millones de pesos, y el 19 de septiembre se emitió la liquidación por 2 mil 177 millones.

Es por esto que se concluye que no se le dio tiempo a las empresas para defenderse.

En junio de 2015, el Gobierno había iniciado los trámites para cobrar el finiquito, por medio de la ejecución de la fianza de mil 769 millones que el consorcio aportó en 2008 para garantizar la calidad de los trabajos.

Este litigio es independiente de las demandas civiles promovidas por el consorcio contra el Gobierno, en las que ha reclamado supuestos gastos adicionales de las obras por más de 3 mil millones de pesos, sin tener hasta ahora alguna sentencia favorable.

Con información de Reforma

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