El senador panista, Daniel Ávila Ruiz, advirtió que mil 52 yucatecos irían a la cárcel al comprobarse que incurrieron en turismo electoral, durante los años 2012 y 2013, en Quintana Roo; sin embargo, indicó que las autoridades judiciales deben indagar más al respecto y ejercer acción penal contra el ahora diputado federal Francisco Torres Rivas y la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.
Luego que medios de comunicación local dieran a conocer la “histórica” suma de 424 órdenes de arresto, en contra de ciudadanos yucatecos que dieron domicilios falsos para poder sufragar en el vecino estado, durante los comicios del 2013, que fuera revelada por fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR), el legislador yucateco aseguró que el número aumentará a más de mil.
“Miles de yucatecos fueron llevados a Quintana Roo en la campaña de 2012 y 2013, para cambio de alcaldías y de gobernador en ese estado, nosotros documentamos en tiempo y forma que eran personas residentes en Yucatán que, con documentos con domicilios falsos, falsearon información ante el INE para poder votar en las elecciones de Quintana Roo”, puntualizó.
La autoridad, tras realizar las indagatorias comprobó lo denunciado por el Partido Acción Nacional, por lo que se generaron las primeras órdenes de aprehensión de los más de 5 mil casos que fueron hechos de su conocimiento.
“Esto va a terminar en cárcel para las personas que incurrieron en el delito de turismo electoral”, advirtió.
El político aseveró que no quitará el dedo del renglón hasta que se castigue a los autores intelectuales de ese delito, que debe ser castigado con mayor severidad, por lo que ya se presentó en la cámara de senadores una iniciativa de ley para que sea considerado como un delito grave, informó.
Autores intelectuales no serán sancionados: Morena
Por su parte el diputado federal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Rogerio Castro Vázquez, opinó que debido al alto nivel de corrupción que se maneja en las instituciones de procuración de justicia como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), es poco probable que se castigue a los autores intelectuales.
“Estamos en contra de cualquier práctica antidemocrática como el turismo electoral y la compra del voto, pero la Fepade no tiene credibilidad, porque no ha hecho nada contra altos funcionarios del partido verde, por el desvío de recursos públicos en la elección de 2015, y no actuaron de oficio cuando encontraron a varios legisladores en el proceso electoral pasado con dinero en camionetas, ahí está el ejemplo del hijo de Yunes”, indicó.
