Gobierno de Veracruz defrauda a sus trabajadores con créditos

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Agencias / InsurgentePress / Boca del Río, Veracruz.- El gobierno de Veracruz, a cargo de Javier Duarte, defraudó a sus propios trabajadores.

Desapareció mil 45 millones de pesos que les descontó para pagar créditos adquiridos vía nómina.

La Secretaría de Finanzas del estado, en la Gaceta Oficial del 21 de julio pasado, reconoce que adeuda ese dinero a 19 empresas que ofrecieron diversos tipos de créditos a pesar de que el recurso sí fue retenido quincenalmente al burócrata y debía ser entregado de inmediato a las empresas.

Entre las compañías afectadas se encuentran aseguradoras, muebleras, financieras y hasta el seguro social de los maestros del estado.

Iván Gidi, director de Convenios de ‘Intermercado’, Veracruz, dijo: “Generó que los trabajadores sin culpa cayeran en mora por culpa del gobierno del estado, tenemos más de cuatro mil trabajadores reportados por culpa del gobierno del estado en el buró de crédito”.

El director de convenios de la empresa revela que los problemas de pago empezaron en 2012 y desde entonces emprendieron una batalla legal.

En respuesta, el 19 de mayo de 2016, el gobierno de Veracruz informó que canceló ese esquema financiero porque perjudicaba la economía de los trabajadores y beneficiaba a empresas que cobraban abusivas tasas de interés, como ‘Intermercado’.

Lo que el gobierno estatal omitió en el comunicado es explicar qué sucedió con ese dinero que no es parte de ningún presupuesto y que debía ser entregado a las empresas tras hacerle el descuento vía nómina al trabajador.

El diputado panista y secretario de la Comisión de Hacienda, Julen Rementería asegura que la ‘desaparición’ de esos recursos constituye un delito.

El director jurídico de ‘Intermercado’ ha interpuesto siete denuncias penales ante la Fiscalía General del estado.

Helios Castro, director jurídico de ‘Intermercado’, Veracruz, señaló: “Por delito de abuso de confianza, fraude, retención indebida”.

Entre los denunciados por ‘Intermercado’ se encuentran:

Juan Manuel Castillo González, exsubsecretario de Finanzas, ahora diputado local electo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Manuel Arellano, exsecretario general de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Luisa Ángela Soto Maldonado, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría Estatal de Salud y diputada local electa por el PRI.

Ricardo Sandoval Aguilar, director administrativo de la Secretaría estatal de Salud.

Carol Jessica Moreno Torres, exoficial Mayor de la Secretaría estatal de Educación de Veracruz.

Vicente Benítez González, exoficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz.

Helios Castro, director jurídico de ‘Intermercado’, Veracruz, detalló: “Lo que hacían estas personas es a través de sus puestos es que nuestra nómina sigue operando, ellos descontaban y todo, se les daba la indicación a Sefiplan para que para que pagara y hasta el momento no hemos tenido pago alguno”.

Vicente Benítez, uno de los demandados por ‘Intermercado’, también fue denunciado por enriquecimiento ilícito por el gobernador electo Miguel Ángel Yunes.

En enero de 2012, siendo tesorero del gobierno de Javier Duarte, Vicente Benítez fue detenido por portar maletas con 25 millones de pesos en efectivo.

Tras ese escándalo, Benítez fue removido de la tesorería y posteriormente nombrado oficial Mayor de la Secretaría de Estatal de Educación.

En julio pasado, la televisora de Costa Rica, Teletica, reveló que Benítez tiene nueve propiedades millonarias en ese país, las cuales están a nombre de su esposa, quien tiene un salario promedio de 16 mil 500 pesos mensuales.

Hoy, Vicente Benítez González es diputado local electo por el Partido Nueva Alianza, gozará de fuero y sostiene que su patrimonio es producto de su trabajo.

La Universidad Veracruzana también acusa al gobierno de Javier Duarte de quedarse con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) descontado del salario de sus 12 mil trabajadores, lo que les pudo generar un problema fiscal.

Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, destacó: “Presentamos las evidencias documentales correspondientes y el SAT reconoce en este momento que el adeudo del ISR del patrón, que somos la UV, está retenido en el gobierno del estado y que por lo tanto el SAT va a cobrar al gobierno del estado esos recursos. Eso nos libera de un adeudo de más de mil millones”.

El sector turístico denuncia que desconoce el destino de 100 millones de pesos.

En 2015, el gobierno de Veracruz eliminó el impuesto del dos por ciento al hospedaje, recursos que se aportaban a un fideicomiso para la promoción del estado.

En 2014 y 2015, el fideicomiso ya no recibió ese dinero, señala el presidente de la Asociación de Hoteles de Veracruz.

Fernando Ortiz González, presidente de la Asociación de Hoteles de Veracruz, destacó: “Nosotros entregábamos mes con mes los fondos que reteníamos al turista y lo entregábamos a la Secretaría de Finanzas del estado y lamentablemente Finanzas durante más de dos años no entregó estos fondos al fideicomiso. El fideicomiso presenta al momento de la extinción del impuesto, adeudo por parte de gobierno del estado por 100 millones de pesos pero a su vez este fideicomiso siguió operando y siguió contratando servicios y generando deuda”.

A tres meses de que termine el gobierno de Javier Duarte, la Secretaría de Finanzas reconoce una deuda a proveedores de servicios y contratistas de 11 mil 38 millones de pesos, los cuales se deberán pagar con el fideicomiso que antes era para infraestructura.

En la Gaceta Oficial presentada el 21 de julio a los diputados se enlista a los acreedores.

Empresas como Ortomedic que reclama un pago de 908 mil pesos no aparece en la lista.

Pero a otras empresas, les pretende pagar dos veces la misma deuda.

El pasado 8 de agosto, en una carta enviada al Congreso del estado, el constructor Guillermo Ávila Devezze, les informa que en diciembre de 2015, el gobierno de Veracruz le terminó de pagar los dos millones 605 mil pesos que le debían desde 2012.

La Secretaría de Finanzas incluyó su nombre en la lista acreedores a pesar de que hace siete meses le liquidaron la deuda.

Vía telefónica, Guillermo Ávila Devezze dijo que espera se trate de un error y no de un robo de identidad en el cual, alguien usurpe su nombre y cobre por segunda ocasión ese dinero..

Guillermo Ávila Devezze, constructor de Xalapa, Veracruz, destacó:”Al momento que sale la publicación les hago la aclaración, precisamente pensando en que hay muchos en lista de espera. no tendría caso que se distrajeran en mi caso y poder decir bueno, es uno menos al que se le debe”.

En el caso de María Gudelia López Aguilar, que en la Gaceta Oficial aparece con un pasivo superior a los 64 millones, dicha persona física dice tener su domicilio en Minatitlán.

Pero en la dirección que proporcionó hay un taller mecánico, al preguntar por ella, nos dijeron que no conocen a esa persona que dice haber celebrado un contrato de venta de blocks a la Secretaría de Desarrollo Social del estado.