Redacción
Ciudad de México, 13 diciembre 2016.-Diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas especializadas en defensa de los derechos humanos, exigieron a los diputados que no se apure la aprobación de leyes que regularán el estado de excepción y la presencia militar en las calles.
Acompañados de diputados de Morena y del PRD, representantes de las organizaciones demandaron que haya responsabilidad en la discusión de ambos temas, por las consecuencias y alcances que tendrán sobre las instituciones y la seguridad del País.
“Pedimos a la Cámara de Diputados que no apruebe de forma apresurada estas leyes que hacen permanente la presencia militar y que vulneran los derechos de las y los mexicanos. El Congreso tiene la responsabilidad de no convertir al país en uno menos democrático y con instituciones civiles más débiles”, se cita en el pronunciamiento.
Pidieron que imperen políticas de seguridad ciudadana, instituciones de procuración y administración de justicia que sirvan, policías capacitadas y un poder legislativo que juegue un papel de contrapeso frente a iniciativas autoritarias y poco democráticas.
“Las medidas que normalizan la presencia militar y el estado de excepción no son buen camino para lograr la paz, para lograr la profesionalización de las policías y para fortalecer el estado de Derecho.
“Es en un esquema de seguridad humana y de procuración y administración de justicia eficaz, donde se debe legislar e invertir recursos para revertir la violencia e impunidad que existe en el país”, se cita en el documento dado a conocer por las organizaciones.
Algunas de estas organizaciones son Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y México Unido contra la Delincuencia.
También firman Alejandro Madrazo Lajous, Carlos Téllez Rojo, Denise Dresser, Eliana García, Fernando Belaunzarán, Javier Treviño, Maité Azuela, Layda Negrete, Ricardo Becerra y Rocío Culebro, entre otros.
En conferencia de prensa, se alertó que en la Cámara de Diputados está por discutirse la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución para regular la suspensión de garantías.
Muestra de ello es que la Comisión de Derechos Humanos se instaló en sesión permanente para abordar el tema, denunciaron.
En opinión de las organizaciones, no hay contrapesos serios ni tiempos máximos para la suspensión de garantías, además de que hay definiciones laxas para justificar la declaración de estado de excepción.
“Por la gravedad de la medida, que prevé suspender los derechos y garantías de las y los ciudadanos, deben incluirse medidas de vigilancia fuertes y claras. Es grave que el proyecto asuma que las fuerzas armadas y el Ejecutivo se autovigilarán y limitarán el uso de la fuerza”.
Además, alertaron, la ley no establece un tiempo máximo de duración para la suspensión de garantías y permite su prórroga y modificación de los alcances, aún antes de concluir el periodo original.
“Esto crea incentivos para maximizar, no minimizar el uso de la medida. El hecho de que el Congreso pueda extender los poderes extraordinarios del Ejecutivo mientras éste goza de poderes extraordinarios, es riesgoso”, se menciona en el texto.
Sobre las propuestas de regular a las Fuerzas Armadas en su labor de seguridad, a través de una ley de seguridad interior, las organizaciones consideraron preocupante que se pretenda mantener su presencia en las calles a través de la legislación.
“Se pretende normalizar lo que en cualquier democracia sería una excepción: el involucramiento del ejército en tareas de seguridad pública, desde patrullaje, detenciones hasta la investigación del delito”, demandan.
“Cualquier propuesta de regulación del Ejército debe retomar las recomendaciones que ha hecho la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México e ir orientada a regresar a los soldados a sus cuarteles, de forma paulatina y responsable”.
Habrá foros para dictamen sobre fuerzas armadas: Senado
El panista Fernando Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, manifestó que hoy mismo buscará a su homólogo en la Cámara de Diputados, el perredista Francisco Martínez Neri, y al presidente de la mesa directiva de ese recinto, el diputado Javier Bolaños, y con ellos trazar el trayecto hacia el dictamen del marco normativo para las fuerzas armadas.
El panista expresó que sin lugar a dudas se llevarán a cabo foros de consulta porque el tema de la seguridad del país es de los más alta prioridad y requiere un amplio consenso. Dijo que a partir de la próxima semana podría estarse trabajando en tal sentido para abrir paso al periodo extraordinario.
Pide PRI que Cámara de Diputados tome ley de seguridad
La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados busca que sea en ese órgano donde se discuta de origen la nueva Ley de Seguridad Interior.
César Camacho, coordinador del grupo parlamentario, afirmó que luego de platicar con su homólogo del Senado, Emilio Gamboa, es probable que el tema de cómo regular la actuación de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública inicie en San Lázaro.
“Estamos justamente platicando con el Senado, yo creo que podemos ser la cámara de origen, en el entendido que tenemos que mantener un puente tendido y una comunicación fluida con la Cámara de Senadores, que en una especie de conferencia de facto, hay una iniciativa que tiene más coincidencias que diferencias con la que está radicada aquí.
“Hoy mismo platiqué con el senador Gamboa esta mañana y creo que estamos en condiciones, además como los grupos parlamentarios mayoritarios, de acordar que la Cámara de origen en este debate sea la Cámara de Diputados”, dijo Camacho, quien presentó hace un mes una propuesta de ley sobre el tema.
El legislador priista aseguró que habrá entendimiento con los Senadores para que haya una reforma pronto y sea discutida en un periodo extraordinario de sesiones.
“No quisiera que nos pusiéramos camisas de fuerza, lo que quiero acreditar es que es un tema que nos ocupa a todos, que hay consensos de arranque entre las fracciones legislativas, hay preocupaciones, hay incluso ya precisiones sobre posibles modificaciones al proyecto original”.
Camacho manifestó que el tema de respeto a los derechos humanos estará garantizado en la nueva, así como la rendición de cuentas en el ejercicio de una nueva facultad por parte del Ejército y la Marina.
En entrevista, el diputado recordó que, de acuerdo con la propuesta el Presidente de la República, habrá la posibilidad de plantear una declaratoria de protección a la seguridad interior, con el aval del Consejo de Seguridad Nacional que integrarán todos los Gobernadores y el Gabinete del ramo.
“En el entendido de que cualquier decisión de esta naturaleza es por tiempo determinado y en una parte del territorio nacional”, aclaró.
“En consecuencia, los defensores de los derechos humanos y los que creemos en ellos, debemos estar tranquilos y satisfechos cuando entre todos construyamos un dictamen que siendo instrumento para la eficacia de las fuerzas armadas, también sea garantía de respeto irrestricto por los derechos de las personas”.
El coordinador priista también advirtió que no es bueno atarse a tiempos, fijando por adelantado si el dictamen podrá estar en este mes o en enero.
“Se podrá convocar cuando haya dictamen y vamos a hacer el mayor de los esfuerzos para que sea esto muy pronto. Es ante el dilema de hacerlo bien o hacerlo pronto, optamos por hacerlo bien”, comentó.
Ya hay materia para discutir el asunto, sostuvo, y es obligación jurídica y ética escuchar a las voces que han expresado preocupación o puntos de vista adicionales, para intercambiar impresiones.
Hay que tener sentido de urgencia, consideró, pero por encima de él, hay que tener sentido de responsabilidad para legislar sobre las Fuerzas Armadas.
El político mexiquense puntualizó que las reformas del Mando Mixto en corporaciones policiacas en las entidades y la de Seguridad Interior, para regular al Ejército, son asuntos distintos, aunque son complementarios.
La IP desconfía de la Policía; pide a Ejército
En ningún lugar del País se tiene credibilidad y confianza en la Policía, por lo que el Ejército aún no se debe retirar a sus cuarteles, advirtió Enrique Solana, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco).
El líder de los comerciantes del País advirtió que ni la Policía Federal tiene la capacidad de cubrir los estados en donde se presenta la violencia.
“Me da muchísimo temor pensar que el Ejército se regrese a sus cuarteles sin que se haya resuelto el problema de la seguridad y de la reingeniería, recomposición de las fuerzas policiacas”, señaló Solana en conferencia de prensa.
“En ningún lugar del País o en muy pocos lugares del País se le tiene credibilidad y confianza cuando ven que llegan las fuerzas policiacas”.
Lo que hay que hacer, consideró, es darle las garantías al Ejército para que pueda operar conforme a derecho porque después se corre el riesgo de ser acusado de acciones de lesa humanidad.
