Redacción
Ciudad de México, 4 marzo 2017.-El exdirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Chilpancingo, estado mexicano de Guerrero, Carlos Cruz, fue encontrado muerto a tiros tras ser secuestrado por varios días.
El empresario tenía cuatro días desaparecido y su cuerpo apareció en las inmediaciones del poblado de Zumpango, a 10 kilómetros de Chilpancingo, la capital estatal, con varios disparos.
Guerrero, donde en la noche del 26 al 27 septiembre de 2014 fueron desaparecidos 43 estudiantes normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa, y asesinados otros alumnos y civiles en la ciudad de Iguala, es uno de los estados más violentos del país.
El puerto y balneario de Acapulco, uno de los municipios guerrerenses, resulta uno de los de más altos homicidios del país por los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que se disputan el mercado de las drogas.
Gremios empresariales denunciaron el aumentó de la extorsión, lo cual provocó el cierre de al menos 70 establecimientos comerciales en Chilpancingo.
En la capital estatal, Acapulco y otras localidades funciona un operativo de las fuerzas armadas mexicanas que incluye al Ejército, la Marina Armada y también a policías federales, pero los resultados, pese a fuentes oficiales, indican que la delincuencia organizada mantiene sus operaciones e incrementa la violencia.
El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Javier Olea Peláez confirmó que el cuerpo hallado en el paraje Tehuixtlán, del municipio Eduardo Neri (Zumpango), es del ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) e integrante del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Chilpancingo, Carlos Cruz Islas, quien fue plagiado el lunes pasado.
“Este crimen del empresario nos advierte, y me advierte a mí en lo personal, la circunstancia de que tenemos graves problemas con la delincuencia organizada en nuestra ciudad capital”, reflexionó Olea Peláez.
En una conferencia de prensa en las instalaciones de la FGE, en la que participó el vocero en materia de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia, el fiscal indicó que nunca hubo una llamada de los plagiarios del empresario para exigir un rescate.
“Lo que pasó con Carlos, puedo afirmar que de alguna manera se resolvió, estamos cerca de los sujetos (los secuestradores), en lo personal yo siempre pensé que estaría difícil el asunto, porque no habían hecho ninguna llamada”, dijo el fiscal.
El lunes a las 6 de la tarde, Carlos Cruz Islas fue plagiado en su local de computadoras, ubicado en la calle Raymundo Abarca, a una cuadra del Zócalo capitalino, mientras vecinos vieron cómo se lo llevaban hombres armados en un carro.
Ante los hechos, los familiares del empresario local acudieron a la FGE para interponer la denuncia, pero fueron remitidos al área de personas desaparecidas, donde les tomaron muestras genéticas.
El hermano del empresario, Raúl Cruz Islas acudió a una reunión del gobernador Héctor Astudillo Flores con el grupo civil Cuicalli, para exigirle su intervención y dar con el paradero del empresario plagiado.
En un encuentro privado en Casa Guerrero, Astudillo Flores y el fiscal se comprometieron a apoyar a la familia para encontrar al empresario, pero fue hasta la mañana de este viernes cuando hallaron el cuerpo en el municipio vecino de Eduardo Neri.
En la conferencia de prensa luego del hallazgo, Olea Peláez apuntó que la última llamada del empresario local fue a su padre, quien también se llama Carlos Cruz, pero nunca se exigió un rescate.
Insistió en que la Fiscalía, desde el primer momento comenzó la investigación y que ya hay una línea de investigación en el caso, pero no dio más datos argumentando el sigilo de la pesquisa.
“Tenemos sólo una línea de investigación, que yo personalmente creo que es la hipótesis idónea, lamentablemente no puedo señalarles más al respecto”, dijo.
El funcionario estatal aprovechó para asegurar que, a pesar de los resultados, en la FGE, “no evadimos nuestra responsabilidad, estamos trabajando a toda hora en todo momento para lograr lo que todos los guerrerenses ansían”.
Olea Peláez dijo que su dependencia si trabaja, y tan es así que hubo operativos en la capital del estado junto con el Ejército, con los que lograron recuperar autos robados.
Detalló que él fue quien le notificó a la familia del empresario sobre el hallazgo de su cuerpo, por lo que se les ofreció la ayuda a través de la Dirección General de Atención al Delito, con atención psicológica.
Insistió en que el gobierno de Héctor Astudillo Flores y la FGE no evadieron su responsabilidad ante los hechos registrados.
Suman 344 ejecutados por el crimen organizado en los dos primeros meses del año
En el segundo mes del año ocurrieron 163 homicidios en el estado en los que presuntamente está relacionado con el crimen organizado, 17 casos menos que en enero, que sumó 181, lo que representa un 10 por ciento menos. En los dos primeros meses del año, del 1 de enero al 28 de febrero, suman 344 asesinatos, de acuerdo con un recuento de lo publicado en El Sur.
En comparación con el mismo periodo del año pasado, ocurrió un caso menos.
En el mes de febrero en Acapulco, sumaron 58 homicidios, el 36 por ciento del total en el estado, dos casos más que en enero, que se contabilizó 56 casos, es decir, en el último mes incrementó a un 3 por ciento.
En los 28 días de febrero de las 163 víctimas, seis fueron mujeres y en el conteo hubo 39 jóvenes de 17 a 28 años, en tanto, las demás víctimas tenían edades de 30 a 71 años.
La mayoría de los homicidios fueron a balazos y con arma blanca; se hallaron fosas clandestinas y osamentas, aunque también ocurrieron casos de desmembrados, degollados y lapidados, en algunos casos se encontró junto a la víctima un narcomensaje.
Los asesinatos se cometieron en 28 de los 81 municipios del estado, y las regiones con más muertes son Acapulco, Centro, Norte, Costa Grande y La Montaña.
En febrero se publicó de Acapulco 58 homicidios; Chilpancingo 23; Taxco nueve; Chilapa ocho; Zihuatanejo y Coyuca de Benítez siete, Mochitlán y Zitlala seis; Buenavista de Cuéllar e Iguala cinco; Eduardo Neri (Zumpango), Petatlán, Cuajinicuilapa y Ometepec tres; Tetipac, La Unión y Tepecoacuilco dos; Huitzuco, Azoyú, Florencio Villareal (Cruz Grande), Pedro Asensio de Alquisiras (Ixcapuzalco), Atenango del Río, Copala, Tecpan de Galeana, Igualapa, Juan R. Escudero (Tierra Colorada), San Miguel Totolapan y Marquelia un asesinato respectivamente.
Entre las víctimas están dos maestros, dos mecánicos, 10 taxistas, cuatro campesinos, un checador de transporte público, un trabajador de aserradero, el ex director de Seguridad Pública municipal de Buenavista de Cuéllar, el hijo de la alcaldesa de Ixcapuzalco, un albañil, un hojalatero, un mesero, cinco choferes de camión urbano, una pareja de ganaderos, el jefe de Personal del Ayuntamiento de Zitlala y un trabajador de grúas.
También un turista de Costa Rica, un trabajador del Ayuntamiento de Acapulco, un turista alemán, un marino, un policía auxiliar municipal, el dueño de una casa de materiales, un comerciantes, un bolillero y un trabajador de la Secretaría de Seguridad Pública en Acapulco.
Las cifras de la Segob de los asesinatos en Guerrero son menores a la realidad, denuncian empresarios.
Representantes de diferentes sectores empresariales coincidieron en que los resultados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de la Secretaría de Gobernación (Segob), no son exactos y las cifras aún están por debajo de la realidad que se vive en Guerrero en asesinatos, desapariciones y robo con violencia.
En la edición de ayer de El Sur se informó que en Guerrero hubo 2 mil 213 asesinatos el año pasado, casi 10 por ciento más que en 2015, y mantuvo el primer lugar a nivel nacional, además del segundo más violento de los últimos 20 años con un promedio de seis homicidios cada día.
Incluso el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur), Roberto Jacinto de la Cruz señaló que sus representados aún son víctimas de extorsiones y secuestros, y temen hacer las denuncias porque son amenazados y prevalece la desconfianza hacia las autoridades.
Consultados por separado, los empresarios de cámaras y asociaciones de Acapulco coincidieron en que las cifras oficiales no representan la realidad que viven los empresarios, y aunque irreales, las cifras demuestran que las estrategias de seguridad no funcionan.
Roberto Jacinto dijo que insistirán en que el delito de secuestro sea penado como un delito grave para así evitar que los secuestradores paguen una fianza para seguir delinquiendo.
El vicepresidente regional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Andrés Orozco Pintos dijo que a las cifras “se deberían” sumar las del número de desaparecidos, “dado que el 95 por ciento de las personas que fueron reportadas como desaparecidas, desafortunadamente murieron”.
“La ley les permite (a las autoridades) mantener en calidad de desaparecidos y eso disminuye el número de homicidios dolosos”, expuso Orozco Pintos.
Pidió que se hagan más acciones de inteligencia con resultados tangibles y que merezcan la confianza de víctimas y sus familias.
“Se debe tener más inteligencia y no más policías porque los grupos de delincuencia deben ser desarticulados desde la raíz y no sólo aprehender a tres o cuatro gatilleros”, expuso el representante de Canacintra por los estados de Morelos, Guerrero y Puebla.
Por otro lado, el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), Jorge Laurel González dijo que entre los agremiados “que hay confianza de los guerrerenses en sus instituciones se recuperará con hechos y acciones concretas como las que hemos estado viendo por parte de los tres niveles de gobierno”.
Insistió en que “la unión de esfuerzos junto a la sociedad civil son claves para enfrentar el reto que representa la seguridad de Acapulco y de Guerrero. Y en lo que a mi toca, quisiera enfatizar que el sector hotelero de Acapulco mantiene una estrecha colaboración con las autoridades de los diferentes niveles para que el turismo encuentre las mejores condiciones durante su estancia en el puerto”.
Antes indicó que “no es competencia de AHETA pronunciarse de manera particular sobre ciertos asuntos y particularmente sobre cifras que competen a las instituciones de seguridad y procuración de justicia”.
El presidente de Coparmex Acapulco, Fidel Serrato Valdés reiteró que las estrategias de seguridad no funcionan.
“Hemos tenido acercamiento con las autoridades encargadas de a seguridad y hemos manifestado que nuestros colaboradores expresan la falta de credibilidad de las instituciones y es la percepción de la población”, declaró.
Añadió que factores como la estabilidad de la economía y la apertura de empresas ayudan a reducir el número de potenciales candidatos para que formen parte del crimen organizado, puesto que existen recursos para mantener a las familias.
