Embargan a ex Gobernador de PRI bienes por 3.6 mmdp en Nuevo León

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Redacción InsurgentePresss/Monterrey.- La Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León anunció ayer el embargo de bienes al ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz y a diez ex funcionarios más valuados en 3 mil 500 millones de pesos.

En conferencia de prensa, Ernesto Canales Santos, titular la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción del Gobierno de Nuevo León dio a conocer la “Operación Tornado”, una investigación sobre hechos relacionados con los delitos de “peculado, daño patrimonial, ejercicio indebido de funciones, ejercicio abusivo de funciones y colusión” cometidos en la gestión de Medina (2009-2015), del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Dijo que los bienes de los ex funcionarios han sido embargados de forma precautoria, sin precisar las ubicaciones ni propiedades desde este viernes.

Las denuncias penales, indicó, buscan que la autoridad judicial vincule a proceso a los acusados.

“No se trata de una campaña contra un grupo de funcionarios; de lo que se trata es de señalar conductas de funcionarios públicos que no se deben de realizar, sean estatales, municipales o inclusive, en su caso, legisladores, si así se presentara”, manifestó.

Descartó un trasfondo político de la operación debido a que la investigación incluyó a 30 ex funcionarios de diversos partidos políticos, familiares y socios del ex Gobernador.

Al cumplir ayer ocho meses de que Jaime Rodríguez asumió la Gubernatura de Nuevo León y a casi un año de que ganó las elecciones, la Subprocuraduría Anticorrupción anunció que procederá penalmente contra el ex Gobernador priista Rodrigo Medina.

Canales, se informó que, como parte de una investigación por posibles actos de corrupción que suman 3 mil 600 millones de pesos, se embargaron precautoriamente bienes a Medina y a 10 de sus colaboradores.

Pero el asunto que acaparó la mayor parte de la presentación fue la adquisición y acondicionamiento de terrenos en el Municipio de Pesquería, donde se instaló una planta de Kia Motors.

De acuerdo con la autoridad, este caso implicó una compleja red de operaciones ilegales en la que no sólo participaron funcionarios públicos, sino también empresarios inmobiliarios, constructores, empleados bancarios y hasta amigos y familiares.

Las anomalías incluyen al Consejo Estatal de Promoción a la Inversión de la Secretaría de Desarrollo Económico, al consejo de administración del Sistema de Caminos y al Gobernador, que firmó y autorizó operaciones que ahora se consideran ilegales dentro de la investigación “Operación Tornado”.

Aldo Fasci, asesor del Ejecutivo, que estuvo con Canales, explicó que todos estos organismos autorizaron indebidamente erogaciones e inversiones por 3 mil 600 millones de pesos para un proyecto de beneficio privado pese a que la ley lo prohíbe.

Los involucrados habrían cometido peculado, delitos patrimoniales, ejercicio indebido de funciones, equiparable a ejercicio abusivo de funciones, y coalición.

Fasci no quiso detallar cuántos inmuebles serían embargados ni dónde se ubican. Tampoco precisó si la medida precautoria incluye cuentas bancarias, valores u otras inversiones argumentando el sigilo de las investigaciones.

La Subprocuraduría también investiga el desempeño de los actuales Alcaldes de Pesquería, Miguel Ángel Lozano, y de Juárez, Heriberto Treviño.

Fasci informó que lo que sigue ahora es solicitar en los próximos días fecha de audiencia al juez para formular la imputación y solicitar que los ex funcionarios sean vinculados a un proceso penal.

Canales también informó que solicitarán audiencia de imputación en contra de la panista Margarita Arellanes, ex Alcaldesa de Monterrey, por la contratación irregular de un despacho legal.

Rodrigo Medina,

ex Gobernador de Nuevo León

“A partir del cambio de Gobierno en el Estado, perseguirnos ha sido la prioridad de la Administración, llegándose al extremo de crear una Subprocuraduría. (Su) único objetivo ha sido inculparnos mediante pesquisas carentes de sustento jurídico”.