InsurgentePress, Guerrero. – El Movimiento por la Paz logró recuperar los documentos necesarios para devolver una propiedad, ubicada en San Miguel Totolapan que fue utilizada como oficina del Partido Revolucionario Institucional por el Diputado con licencia Saúl Beltrán Orozco, a sus legítimos dueños. Además, cerca de 3 mil vecinos de la misma localidad marcharon este martes por el primer aniversario del movimiento.
Una propiedad ubicada en el centro de San Miguel Totolapan que fue utilizada como oficina del PRI y casa de campaña del diputado con licencia Saúl Beltrán Orozco, le fue quitada a una mujer que fue secuestrada y ejecutada pero el Movimiento por la Paz recuperó los documentos para devolverla a sus hijos.
Fuentes del movimiento informaron que están contactando a los familiares que tienen en custodia a los dos menores huérfanos, pues también el padre de familia, que era un policía, fue asesinado.
Estiman que los hijos son adolescentes y esperan tener acercamiento con ellos, para entregarles los documentos que los acreditan como legítimos herederos de la propiedad, que estaba en posesión del diputado con licencia Saúl Beltrán Orozco.
La casa era de la señora Yuridia, una activista del PRI que fue secuestrada y ejecutada durante la administración municipal de Saúl Beltrán, motivo por el cual la familia se fue del pueblo.
La casa fue remodelada y comenzó a ser utilizada como oficinas del PRI municipal. También tiene los logotipos de casa de campaña de Saúl Beltrán a la diputación local de 2015.
La casa se ubica en la calle Lerdo de Tejada, a un costado del auditorio de la casa ejidal de bienes comunales, que actualmente es utilizada por el Ejército como su base, desde mayo cuando establecieron de forma permanente en la localidad como parte del Operativo Relámpago.
La propiedad está abandonada desde hace más de un año. La familia huyó del pueblo y no hay priistas activos en la localidad, pues temen que los relacionen con el diputado.
Actualmente el PRI en San Miguel Totolapan está desarticulado, no hay aspirantes. Se estima que podrían poner un candidato que no radique en San Miguel Totolapan para llenar el espacio.
De la vivienda no hay denuncias formales en ninguna instancia, pues la mayoría de los casos ocurridos en esa localidad no tienen antecedentes legales porque las familias temían presentar cargos.
MARCHAN 3 MIL VECINOS DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN
Ayer unos 3 mil vecinos marcharon por las principales calles de San Miguel Totolapan por el primer aniversario del Movimiento por la Paz, que dio origen a una lucha contra el grupo de la delincuencia organizada Los Tequileros y en contra de los secuestros y extorsiones.
Los manifestantes Exigieron que el gobierno aplique justicia, la detención del diputado priista Saúl Beltrán Orozco y de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero.
La gente de San Miguel Totolapan se manifestó por las principales calles haciendo un circuito hasta llegar a la plaza principal, donde leyeron un pronunciamiento.
Llevaban cartulinas donde pedían al gobernador que se reflejara el orden y la paz que prometió en campaña, “Queremos que el gobernador cumpla su palabra de traer orden y paz”. “Detengan al tequilero”, expresaban otras. También decían “Detengan al diputado Saúl Beltrán el verdadero tequilero”, y “Gracias al movimiento por la paz por la seguridad que trajeron”.
Los manifestantes iban vestidos de blanco y llevaban globos del mismo color. Participaron todas las escuelas y maestros, comerciantes, transportistas, llegaron familias que tenían parientes secuestrados. El grupo fue encabezado por 12 consejeros del Movimiento por la Paz.
Se informó que el 12 de diciembre el pueblo se levantó en armas procurando la paz de San Miguel Totolapan, harto de “los secuestros levantones, extorsiones y homicidios, ante la falta de atención del gobierno federal y estatal para combatir la banda de Los Tequileros encabezada por el diputado Saúl Beltrán Orozco y Raybel Jacobo de Almonte”.
Negaron que haya un líder en el movimiento, “aquí no hay caudillismo ni líderes porque está encabezada por maestros, trabajadores de la salud, amas de casa, comerciantes, transportistas, en pocas palabras por todas las fuerzas vivas de San Miguel Totolapan, porque aquí todos somos hermanos del sufrimiento y del dolor que causaron tantos delitos, tanta complicidad del gobierno, tanta impunidad”.
Puntualizaron que no hay partidos políticos detrás del movimiento, quedaron rebasados “por el dolor que provocaron las muertes de familiares, del dolor de los secuestros, de las violaciones de mujeres. Aquí el dolor unificó nuestros criterios y los partidos quedaron rebasados”.
Mencionaron que el Movimiento por la Paz comenzó tras el secuestro del ingeniero Isauro de Paz Duque, reclamaron que “el gobierno y sus órganos de impartición de justicia cumplan su tarea y su responsabilidad, porque no es posible que la denuncia interpuesta por el ingeniero Isauro de Paz Duque y otras más estén congeladas, y por otra parte, las denuncias en contra del diputado con licencia Saúl Beltrán Orozco, y las órdenes de aprehensión contra Raybel Jacobo de Almonte, Mauro González, El Vago, y demás integrantes de Los Tequileros continúen sin efecto”.
Demandaron “autorizar más plazas para maestros, más médicos, enfermeras, profesores de todos los niveles educativos para San Miguel Totolapan, para que nuestros hijos jóvenes, mujeres, hombres y adultos se eduquen y trabajen la riqueza de nuestra tierra, pero también que enjuicien a los delincuentes”.
En su comunicado hicieron un reconocimiento al “Ejército, a la Marina, a la Policía Estatal y Ministerial, a la Procuraduría General de la República, su trabajo para preservar la seguridad de nuestras familias y desde aquí les decimos gracias”.
“El movimiento reconoció la fuerza del magisterio, puntualiza que “no somos comunitarios, no somos autodefensas, sino un movimiento social surgido del pueblo, todos somos el movimiento por la paz que busca justicia, paz y tranquilidad, y les decimos que este movimiento se mantiene de pie y con más fuerza que nunca”.
El movimiento que comenzó el 12 de diciembre del 2016 terminó por mover al gobernador Héctor Astudillo Flores, a 500 soldados, a 500 policías, a grupos antisecuestro a medios de comunicación nacionales y extranjeros para escuchar al pueblo de San Miguel Totolapan, que demandó no más secuestros, y que dejó sin un diputado en el Congreso local al PRI.
Transportistas, comerciantes, maestros, médicos y diferentes sectores sociales participaron en un principio de forma muy activa, quienes se enfadaron del olvido de las autoridades ante la ola de secuestros y extorsiones y se levantaron en armas.
“Que obra quieren, pónganse de acuerdo y díganme”, fue la voz del gobernador Héctor Astudillo Flores en el encuentro que sostuvo con la autodefensa en febrero de este año, pero la respuesta fue clara y contundente: “la única obra que queremos es la detención de Raybel Jacobo de Aalmonte y el desafuero de su jefe, el diputado Saúl Beltrán Orozco”.
El levantamiento ocurrió el 12 de diciembre de 2016. El pueblo se unió para combatir los secuestros y las extorsiones y exigir la atención del gobierno del Estado y del federal.
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Durante casi un año San Miguel Totolapan no tenía transporte público y no entraba ningún tipo de comercio de distribución para las tiendas por temor a los saqueos. Un día después de que comenzó el movimiento regresó el transporte y se reactivó el comercio.
La medida provocó el regreso de por lo menos 10 familias de comerciantes que tenían tiendas grandes en la localidad, y quienes huyeron después de ser secuestrados.
Se restablecieron algunas fiestas religiosas empañadas en años anteriores por hechos de violencia.
El movimiento logró sacudir al estado. Después de ser un municipio sin atención, el gobierno de Héctor Astudillo Flores concluyó varias obras pendientes. Mandó policías y militares.
Pero sobre todo logró el repliegue hacia la sierra de El Tequilero, aunque el movimiento lo quería detenido y procesado las autoridades sólo hicieron un intento por atraparlo.
Además lograron que el diputado Saúl Beltrán Orozco se separara del cargo. La vinculación entre el diputado y El Tequilero fue ampliamente exhibida y aceptada por el propio fiscal Javier Olea, gracias a la aportación de pruebas del mismo movimiento.
Además los vecinos soportaron el embate del gobierno que con mil efectivos intentaron dispersarlos, pero ahora mantienen la seguridad en la parte rural y se coordinan con los cuerpos policiacos y militares.
Con información de msn.com
