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Preve Coparmex acciones legales contra gobernadores corruptos

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Redacción InsurgentePress/ Ciudad de México.- El sector privado analiza la viabilidad de emprender acciones legales contra hechos de corrupción que han sido exhibidos en unos cinco gobiernos estatales, incluso, recurrir a organizaciones internacionales si las autoridades no toman medidas, dijo Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex.

Quintana Roo, Veracruz, Chihuahua, Nuevo León y Sonora son entidades que preocupan, pues recientemente han sufrido por el uso ilegítimo de recursos públicos, comentó en una conferencia de prensa en el marco del primer Foro Empresarial Anticorrupción.

Dijo que estarán atentos al seguimiento que se dé a estos casos y si perciben omisión por parte de autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, tomarán medidas.

“Sí valoraríamos emprender alguna acción legal”, aseveró.

El empresario no descartó la posibilidad de recurrir a organismos internacionales si es necesario y recordó que en otras ocasiones ya han analizado hacerlo como en el caso de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, aunque al final ya no fue necesario tomar esa medida.

Al preguntarle si analizan una acción legal contra la Administración federal debido a actos indebidos, aseguró que aunque no lo descartan, por ahora no lo tienen pensado.

Sobre el caso específico de acusaciones a la Primera Dama del País, Angélica Rivera, en torno a compra de inmuebles a empresas que pudieran tener contratos con el Gobierno federal y generar un conflicto de interés, sólo comentó que los empresarios señalan que en todo los niveles de Gobierno debe mantenerse la legalidad y ética.

Responsabilizan a gobiernos por pérdidas

Si las autoridades estatales muestran permisividad frente al conflicto de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), el sector privado las responsabilizaría por las pérdidas, dijo Gustavo de Hoyos.

“Ha habido tolerancia excesiva, ojalá que no veamos permisividad por parte del Estado mexicano”, dijo el titular de Coparmex.

Resaltó que cuando la tolerancia se vuelve excesiva es permisividad y con el tiempo se vuelve hasta complicidad.

Actualmente, las pérdidas estimadas por este conflicto ascienden a 115 mil millones de pesos, aunque es un dato grueso, concentradas fundamentalmente en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, señaló.

“(Por eso) se está evaluando si la conducta omisa de algunos gobiernos y conforme a las legislaciones estatales podría dar lugar a la obligación del Estado de reparar el daño”, dijo.

Si hay responsabilidad, ello provocaría que empresas sí puedan reclamar daño patrimonial a las autoridades.

Aunque el sector privado no establece fechas fatales, resaltó que sí esperan que no haya una sola escuela del País donde no inicien clases el 22 de agosto, fecha prevista para el inicio de clases del nuevo ciclo escolar.