Agencias / InsurgentePress / Zacatecas, Zacatecas.- La LXI (61) Legislatura aprobó las cuentas públicas de 2014 del gobierno del estado y los ayuntamientos de la capital, Villanueva y Sombrerete, este martes, en el decimocuarto período extraordinario de sesiones.
La cuenta pública de la administración estatal fue validada con 16 votos a favor, seis en contra y cuatro abstenciones.
Los diputados que votaron en contra fueron María Eugenia Flores Hernández, Iván de Santiago Beltrán y Rafael Flores Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Mario Cervantes González, del Partido Acción Nacional (PAN); José Luis Figueroa Rangel, del Partido del Trabajo (PT), y Cuauhtémoc Calderón Galván, independiente.
Eugenia Flores advirtió que el trabajo de la Auditoría Superior del Estado (ASE) “no funciona como está, pues no conviene una auditoría así donde su titular no es autónomo del gobernador, no nos funciona”.
Además, reprochó que no se les diera el tiempo suficiente para analizar la cuenta pública del gobierno del estado; “el documento consta de 120 cuartillas y no tuvimos la oportunidad de leerlo y estudiarlo en unas cuantas horas”, expuso.
Recordó que el presupuesto de egresos aprobado por el Congreso local en diciembre de 2013 para el año siguiente fue por 24 mil millones de pesos, “pero resulta que se gastaron 28 mil millones de pesos”.
“Eso nos llama la atención y que resulte que las acciones resarcitorias sean son sólo por 142 millones de pesos”, destacó.
“También resalta que las observaciones contra la Secretaría de Administración son 2 millones (de pesos); a la del Campo, 14 millones; Educación, 66 millones, y a la de Economía, cuando Patricia Salinas ya no está, se le hace una resarcitoria de 14 millones de pesos por la compra de unos terrenos con un valor superior al comercial”.
Flores Hernández lamentó que “los diputados de la sexagésima primera Legislatura hayan evitado, por mayoría, la creación de un tribunal de cuentas independiente”.
“Solamente cuando logremos la real autonomía de este Poder Legislativo, podremos combatir esta corrupción”, enfatizó.
En su intervención, Cuauhtémoc Calderón afirmó que “la auditoría está rebasada porque tal vez el procedimiento es incorrecto”.
“La sociedad exige una explicación del comportamiento, no de todo el gobierno ni de todos los funcionarios, sólo de una familia en particular que ha generado una visión muy precisa, comprobada y clara, con documentos de escritura en los que esa familia, de tener tres propiedades, pasa a tener 50”, expresó.
Por ello, recalcó que “es evidente que existe un desprestigio por acciones en los últimos seis años, que son temas del conocimiento público”.
Calderón Galván aseguró que “con esta cuenta pública, aun cuando tienen todavía un procedimiento muy largo para solventarla, están poniendo chivos expiatorios y están afectando una imagen, para que aparentemente los nombres de ellos salgan y tratar de esconder lo que ha pasado en los últimos seis años”.
Ante estas acusaciones, Héctor Pastor Alvarado, coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), explicó que este bloque aprobaría la cuenta pública de la administración estatal y la de los ayuntamientos, tras considerar que las observaciones no significan que exista corrupción debido a que el proceso implica comprobaciones que llevan tiempo.
“No hay tal, no hay corrupción, no hay robo y, por lo tanto, que quede aclarado este punto (…) en su momento, tienen esa garantía para que puedan ofrecer las pruebas y determinar si existe o no sanción por daño al patrimonio de los zacatecanos”, sentenció.
El diputado tricolor propuso que la ASE llame por separado a cada funcionario señalado para que presente la documentación probatoria.
“Una vez autorizada la cuenta, que la auditoría superior llame a los titulares para que, con sustento, con documentos, puedan dar a conocer dónde fueron aplicados los recursos”, apuntó.
Cabe destacar que la cantidad por responsabilidades resarcitorias asciende a 142 millones 200 mil pesos y que entre los funcionarios observados se encuentra Patricia Salinas Alatorre, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, quien deberá reintegrar 14 millones de pesos por haber realizado la compra de terrenos para el Fideicomiso Zacatecas a un valor superior al comercial.
